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Soria ¡Ya! gastó 36.708 euros en las autonómicas de 2026

Soria ¡Ya! gastó 36.708 euros en las autonómicas de 2026

Actualizado 25/09/2026 19:11

El Consejo de Cuentas de Castilla y León valida la contabilidad electoral de las elecciones autonómicas de 2026. La formación sorianista destaca por su austeridad por la que percibirá 26.342,89 euros en subvenciones.

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado los informes sobre la contabilidad electoral de los comicios a las Cortes celebrados el pasado 15 de marzo de 2026. El órgano de control externo, reunido en su sede de Palencia, ha verificado que las formaciones políticas cumplieron con la normativa vigente, declarando un gasto regular justificado conjunto que supera los 3,1 millones de euros.

Dentro de este escenario presupuestario, la formación Soria ¡Ya! destaca por presentar uno de los balances más austeros de aquella jornada electoral. La agrupación de electores soriana certificó un desembolso total de 36.708,93 euros, una cifra muy alejada de las grandes maquinarias de los partidos tradicionales que operan a nivel autonómico.

De la cantidad total consignada por el partido sorianista, 24.229,66 euros correspondieron a gastos ordinarios de la campaña, mientras que los restantes 12.479,27 euros se destinaron a los envíos directos y personales de propaganda y papeletas a los ciudadanos. Toda la documentación presentada en soporte electrónico ha recibido el visto bueno del organismo fiscalizador.

En cuanto a la financiación de estos costes, la que fuese plataforma ciudadana que cuenta con un procurador en las Cortes regionales, percibirá una subvención total de 26.342,89 euros. Este montante se desglosa en 13.863,62 euros obtenidos por los resultados electorales cosechados en las urnas y 12.479,27 euros para compensar los envíos de propaganda electoral, de acuerdo con los criterios técnicos de la institución.

La fiscalización realizada por el Consejo de Cuentas determina que ninguna de las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones superó los límites de gasto establecidos por la ley electoral autonómica. Esta normativa fija el tope multiplicando por 0,38 euros el número de habitantes de derecho de las circunscripciones donde se presentaron candidaturas.

El reparto de los fondos y la comparación autonómica

El volumen de gasto de la agrupación soriana contrasta significativamente con el de las fuerzas mayoritarias en la Comunidad. El Partido Popular lideró el gasto electoral con un desembolso justificado de 1.175.015,46 euros, seguido de cerca por el Partido Socialista Obrero Español, que alcanzó los 1.054.719,28 euros. Por su parte, Vox justificó 679.488,85 euros en su campaña.

En el bloque de formaciones con menor implantación territorial o de carácter provincial, la Unión del Pueblo Leonés registró un gasto de 110.568,74 euros, mientras que Por Ávila empleó 53.349,61 euros. La coalición integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo declaró un gasto de 74.230,96 euros, aunque en su caso no percibirá subvención al no haber obtenido representación parlamentaria.

La subvención global que recibirán de forma conjunta las formaciones políticas asciende a 2.279.687,21 euros. De esta cantidad, el Partido Socialista Obrero Español será el que perciba un mayor pellizco con 810.744,02 euros, superando ligeramente al Partido Popular, que recibirá 808.257,89 euros, y a Vox, cuya subvención se situará en 487.625,36 euros.

La resolución del órgano fiscalizador incluye una propuesta de reducción de 1.595 euros en la subvención correspondiente a Vox debido a la detección de varios pagos realizados fuera del plazo legalmente establecido. Para el resto de las formaciones, el Consejo de Cuentas no ha considerado necesario proponer ninguna penalización ni reducción de los fondos públicos asignados.

El Consejo de Cuentas ha remitido ya estos siete informes razonados tanto a las Cortes de Castilla y León como a la Junta. El examen, que constituye una auditoría de mandato legal, concluye con una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Parlamento autonómico para posibles reformas de la normativa electoral como a las propias formaciones políticas para mejorar su gestión contable en futuras citas con las urnas.

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