Frente común del campo de Castilla y León para rebajar las exigencias de la PAC

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha rubricado este lunes un documento conjunto con las organizaciones profesionales agrarias representativas del sector, ASAJA de Castilla y León, la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), para instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a ejecutar modificaciones normativas en los ecorregímenes aplicables a la campaña 2027. La solicitud se ha remitido de manera formal a través de una carta firmada por el titular del departamento autonómico, Joaquín Antonio Pino.

Las organizaciones profesionales agrarias y la Consejería comparten el criterio de que los compromisos ecológicos deben mantenerse mediante criterios racionales y compatibles con la rentabilidad económica de los profesionales del campo. Entre las peticiones cursadas a la administración estatal figura que las superficies de secano y regadío puedan computarse de manera conjunta al afrontar la rotación de cultivos con especies mejorantes, permitiendo ubicar cada siembra según criterios agronómicos. Asimismo, se pide suprimir la obligatoriedad de fijar una cuota específica para leguminosas, conservando la regla general de variedades mejorantes pero facilitando la libre elección de semillas, además de computar los barbechos como espacios de biodiversidad sin trámites ni gastos añadidos.

A la par que traslada estas peticiones que exceden sus atribuciones directas, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria amplía las medidas extraordinarias aprobadas frente al impacto del topillo campesino. Dicha dirección general ya había declarado la existencia de circunstancias excepcionales motivadas por la presencia de esta plaga en diferentes áreas del territorio autonómico, activando una primera flexibilización para el ciclo 2026/2027 que rebajó al 25 % la exigencia superficial de rotación con especies mejorantes, facultó el cómputo de barbechos tras leguminosas y autorizó labores verticales en fincas de siembra directa.

La nueva resolución emitida por la administración autonómica extiende ahora esa misma rebaja del 25 % en rotaciones a la práctica de siembra directa, admitiendo igualmente el cómputo del barbecho después de cultivar leguminosas. De este modo, la Junta de Castilla y León agota las posibilidades contempladas en el ordenamiento vigente mientras reclama a escala nacional un marco normativo dotado de mayor simplicidad administrativa.

Revisión de la regulación estatal

El responsable de la Consejería, Joaquín Antonio Pino, ha manifestado que la simplificación burocrática representa una línea estratégica sostenida desde el arranque de la presente legislatura, orientada a evitar trabas que perjudiquen la competitividad diaria de las explotaciones:

"La sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica no son objetivos incompatibles. Al contrario, la mejor garantía de conservación del territorio, del paisaje y del medio rural es que existan explotaciones agrarias rentables, profesionales y con capacidad para seguir produciendo. El agricultor y el ganadero necesitan reglas claras, objetivos alcanzables y libertad para gestionar su explotación. Y ahí Castilla y León lleva toda la legislatura defendiendo exactamente la misma posición: utilizar todas las competencias disponibles para simplificar, flexibilizar y poner la administración al servicio de quienes viven del campo".

Con este planteamiento trasladado a Madrid, la Consejería y las organizaciones representativas del sector insisten en que la preservación de los espacios naturales resulta plenamente compatible con el rendimiento agronómico, por lo que habrá que estar a la espera de la respuesta del Ministerio ante la propuesta suscrita.