Los partidos políticos gastaron 3,18 millones de euros en las autonómicas de marzo

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes los informes correspondientes a la contabilidad de los comicios autonómicos. El análisis detalla el comportamiento financiero de las siete formaciones políticas que obtuvieron representación o solicitaron anticipos públicos.

En total, el Consejo de Cuentas fiscalizó 3,18 millones de gastos electorales de las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León. Las conclusiones de las auditorías confirman que las contabilidades rendidas son representativas de la realidad, cumpliendo de forma general con el marco legal vigente.

El volumen de las ayudas públicas propuestas asciende a 2,27 millones de euros, lo que equivale al 71,6 % del gasto admitido. Únicamente el Partido Popular presentó alegaciones al informe de su contabilidad, mostrando el resto de partidos su conformidad con las auditorías.

Gastos en la campaña

El total de los gastos admitidos por el órgano fiscalizador alcanzó los 3.184.081,83 euros. Esta cifra se distribuye entre las siete formaciones políticas que presentaron sus contabilidades dentro del plazo legalmente establecido, mostrando una coherencia general en sus balances.

Por volumen de gasto, el Partido Popular lidera la tabla con 1.175.015,46 euros admitidos, seguido de cerca por el PSOE con 1.054.719,28 euros. En tercer lugar se sitúa Vox con 679.488,85 euros, mientras que las fuerzas minoritarias y locales presentan cifras notablemente inferiores.

La coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo registró un gasto de 74.230,96 euros, seguida de UPL con 110.568,74 euros, Por Ávila con 53.349,61 euros y Soria ¡Ya! con 36.708,93 euros. Ninguna de las candidaturas superó los límites de gasto ordinario establecidos por la ley.

Distribución de las subvenciones definitivas

La propuesta de subvenciones conjuntas asciende a 2.279.687,21 euros antes de aplicar las deducciones por anticipos. El reparto definitivo por formación se establece de la siguiente manera:

• PSOE: Recibe 810.744,02 euros (460.878,20 por resultados y 349.865,82 por envíos).
• PP: Obtiene 808.257,89 euros (514.503,86 por resultados y 293.754,03 por envíos).
• Vox: Se le asignan 487.625,36 euros (237.718,68 por resultados y 249.906,68 por envíos), con una propuesta de reducción de su ayuda.
• UPL: Percibe 108.477,11 euros (50.189,26 por resultados y 58.287,85 por envíos).
• Por Ávila: Suma 38.239,00 euros (14.754,42 por resultados y 23.485,52 por envíos).
• Soria ¡Ya!: Recibe 26.342,89 euros (13.863,62 por resultados y 12.479,27 por envíos).
• Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo: No recibe subvención al no obtener representación y debe reintegrar un anticipo de 6.766,20 euros.

Irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador

El Consejo de Cuentas ha identificado pequeñas incidencias relacionadas con gastos de naturaleza no electoral o pagos fuera de plazo. Las mayores exclusiones por gastos no electorales correspondieron a Vox, con 11.556,01 euros, seguido del PSOE con 5.730,00 euros y el PP con 4.905,52 euros.

En el caso de las fuerzas minoritarias, se detectaron 917,21 euros en Por Ávila y 727,21 euros en Soria ¡Ya! como gastos no admisibles. Por su parte, Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo registró 10,30 euros de gastos no justificados, mientras que en UPL no se identificaron exclusiones.

Asimismo, el órgano propone una reducción de 1.595,46 euros en la subvención de Vox por realizar pagos fuera del plazo legal de 90 días posteriores a las elecciones. Esta penalización equivale al 10 % de los 15.954,61 euros abonados de forma extemporánea.

Reformas normativas que propone el Consejo de Cuentas

El presidente Amilivia recomendó la conveniencia de introducir precisiones técnicas en la normativa electoral de Castilla y León. El objetivo es unificar criterios y facilitar la gestión contable de las candidaturas en futuros procesos.

Las recomendaciones comunes para todos los informes se centran en cuatro aspectos:

• Detallar la documentación contable que deben aportar obligatoriamente las formaciones políticas.
• Definir con mayor precisión los gastos electorales admisibles por la ley.
• Clarificar qué conceptos pueden imputarse a los envíos directos de propaganda.
• Determinar de forma exacta las consecuencias de los incumplimientos de las obligaciones legales.