Una marca propia para proteger la patata de Castilla y León

La Junta de Castilla y León trabajará junto a los integrantes del sector agrícola en el desarrollo de una marca de calidad para la patata regional, una medida orientada a reconocer su procedencia en los puntos de venta, mejorar su posición comercial y garantizar que el rendimiento económico permanezca en los pueblos. El plan persigue transformar el volumen de cosecha en un beneficio directo para las explotaciones del campo castellano y leonés.

Esta estrategia contará con el respaldo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y la colaboración de la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León. El proyecto busca aglutinar a agricultores, industrias de transformación, almacenistas, envasadores y empresas de distribución en torno a un marco coordinado que aumente la competitividad.

Durante la apertura del I Simposio Internacional de la Patata celebrada en Madrid, el titular de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha remarcado que la capacidad para abastecer de alimentos a la sociedad constituye un factor clave que requiere salvaguardar los ingresos de las explotaciones frente a coyunturas de mercado adversas.

La Comunidad concentra cerca de la mitad de la producción española, con volúmenes próximos a las 900.000 toneladas en los últimos ejercicios. No obstante, el ciclo de 2026 afronta un escenario complejo marcado por un retroceso del 14 % en los terrenos sembrados, situándose en 16.679 hectáreas, con Valladolid y Salamanca como núcleos destacados de cultivo. A este descenso se unen los episodios de calor prolongado que han acelerado la recogida y propiciado el solapamiento con partidas foráneas.

Rentabilidad y vigilancia de la cadena

El consejero ha situado la viabilidad de los profesionales agrícolas como la prioridad que debe regir las decisiones institucionales. En este contexto, ha subrayado las cargas económicas previas que asume el agricultor en concepto de semillas, regadío, abonos, energía, tratamientos fitosanitarios y maquinaria antes de recolectar.

Para fundamentar estas medidas, la Administración autonómica ha elaborado con la Universidad de Valladolid un estudio detallado sobre los costes reales del cultivo. Este informe servirá de referencia técnica en las labores de supervisión de los contratos comerciales, con el fin de exigir el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria y evitar desequilibrios en el reparto de los márgenes comerciales.

En el conjunto del país se contabilizan en torno a 66.700 hectáreas orientadas a este tubérculo, que aportaron 1,94 millones de toneladas en 2025 frente a una entrada de más de 1,27 millones de toneladas procedentes del exterior, mayoritariamente del mercado francés. Por ello, el responsable autonómico ha instado a promover una interprofesional a escala estatal para ordenar el sector.

Reciprocidad comercial y sanidad vegetal

Respecto a los acuerdos comerciales comunitarios, el representante regional ha reclamado la aplicación efectiva de cláusulas espejo que exijan a los productos foráneos los mismos requisitos sanitarios, ambientales y laborales que asumen las explotaciones españolas, demandando un mayor control sobre el etiquetado tanto en paquetes cerrados como en venta a granel.

Asimismo, la Consejería ha incidido en dotar al campo de alternativas científicas y tratamientos viables contra las plagas antes de decretar la retirada de materias activas, reclamando que las medidas sobre el uso del agua y los fertilizantes no supongan una traba añadida a la capacidad productiva de los agricultores.