Las Cortes rechazan blindar la vivienda protegida en la Comunidad

Las Cortes de Castilla y León han rechazado la propuesta defendida por el portavoz del grupo socialista, Carlos Martínez, para blindar la vivienda protegida y evitar la intervención de fondos de inversión en la gestión de inmuebles sociales. La iniciativa no salió adelante esta mañana tras recibir los votos en contra del Partido Popular y Vox en el pleno parlamentario.

Durante su intervención, Martínez sostuvo que el objetivo prioritario consistía en impedir que los fondos buitre actúen como gestores de las viviendas sociales y comercien con ellas. En este sentido, censuró el «inmovilismo» del Gobierno autonómico que encabeza Alfonso Fernández Mañueco frente a los casos de abusos denunciados en el territorio autonómico.

El socialista recordó que las competencias en materia de vivienda son exclusivas de la Junta de Castilla y León por mandato del Estatuto de Autonomía (artículo 30) y que la norma autonómica recoge la obligación de los poderes públicos castellano y leoneses de garantizar "el acceso en condiciones de igualdad de todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna mediante la generación de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con especial atención a los grupos sociales en desventaja".

El representante socialista expuso ejemplos concretos, como el de un residente de Valladolid que reclama por cobros que se sitúan por encima del mercado y de los cánones de la propia Administración autonómica sin recibir respuesta. Asimismo, aludió a afectados que sufren recargos de 100 euros al mes por parte de gestoras de fondos, lo que según indicó genera beneficios superiores a 250.000 euros.

Martínez incidió en la urgencia de frenar las prácticas del libre mercado con recursos procedentes de los contribuyentes. Conforme a las cifras expuestas por el portavoz socialista, el parque autonómico contaba con 9.644 viviendas al inicio de la etapa de Mañueco frente a las 5.352 viviendas actuales, lo que supone un descenso del 45%.

El dirigente atribuyó este retroceso a la especulación administrativa y citó la orden dictada por el consejero Quiñones que permitió descalificar una promoción residencial denominada 'Vila Gaviotas', ubicada en el barrio vallisoletano de Villa del Prado. Martínez defendió la necesidad de asegurar la permanencia en el patrimonio público de todos los inmuebles de titularidad comunitaria para garantizar su asignación a familias vulnerables.

El portavoz socialista apeló al artículo 70 del Estatuto de Autonomía, relativo a las competencias exclusivas sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y reprochó la supresión de la consejería específica encargada de estas materias. Además, criticó el rechazo de la bancada popular hacia la labor del Ministerio de Vivienda. "El Ministerio de Vivienda sirve para financiar el 60% de las viviendas construidas por la Junta en Castilla y León con fondos procedentes de la Unión Europea que el propio PP votó en contra", aseguró.

Para concluir, Martínez remarcó que la Comunidad autónoma se sitúa como la tercera por la cola en el impulso de promociones residenciales públicas, al tiempo que numerosos ayuntamientos ofrecen parcelas y demandan respaldo autonómico.