Las lluvias abren una segunda emergencia tras los grandes incendios: cenizas y lodos amenazan los recursos hídricos

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) no terminó cuando se apagaron las llamas. La llegada de las lluvias puede abrir una segunda fase de la emergencia, especialmente en los terrenos donde la vegetación ha desaparecido y el suelo queda expuesto a la erosión. Greenpeace ha documentado en el incendio y cómo las precipitaciones de otoño están arrastrando cenizas, barro y sedimentos desde las zonas calcinadas hacia ríos, embalses y captaciones de agua.

Burgohondo fue uno de los incendios más graves de este verano y, según Greenpeace, el segundo de mayor superficie afectada desde que existen registros. La organización considera que lo ocurrido en Ávila puede reproducirse en otras áreas quemadas y reclama medidas de emergencia para estabilizar los terrenos, reducir la erosión y evitar que los materiales procedentes de las zonas calcinadas lleguen a los recursos hídricos.

"Es evidente que la emergencia no termina cuando se apaga el fuego", señala Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace. A su juicio, sin actuaciones posteriores para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos se pueden generar nuevas crisis ecológicas y sociales. "Las medidas postincendio son una cuestión de agua, de protección civil y de salud ambiental", añade.

La organización recuerda que en algunos municipios afectados por el incendio de Burgohondo las administraciones han tenido que recurrir a camiones cisterna y agua embotellada para garantizar el suministro. Greenpeace advierte de que el arrastre de cenizas y lodos puede contaminar el agua potable, colmatar instalaciones de potabilización y afectar a la fauna de los cursos fluviales.

Entre las medidas que plantea figura la construcción de pequeños diques, la utilización de acolchados de paja o mulch y otras estructuras provisionales destinadas a frenar el desplazamiento de los materiales.

También pide revisar la gestión de la madera quemada. En Burgohondo, la Junta de Castilla y León publicó una orden para retirar el arbolado afectado, pero Greenpeace considera que una retirada generalizada puede dejar el suelo más expuesto a la erosión. Por ello propone, cuando las condiciones lo permitan, retrasar unos meses la tala y realizar posteriormente una retirada selectiva adaptada a las características de cada zona.

El problema, sostiene la organización, no se limita a los efectos visibles en ríos y embalses ni desaparece después de las primeras lluvias. Greenpeace cita un informe de 2025 del Colegio de Ingenieros Civiles según el cual la contaminación de las aguas superficiales puede mantenerse entre tres y cinco años, dependiendo de la intensidad de la alteración del suelo. Los episodios de lluvias fuertes pueden provocar arrastres hacia ríos y arroyos durante al menos 18 meses, aunque con una tendencia gradual a disminuir.

A este riesgo se suma otro menos visible: la afección a las aguas subterráneas. Greenpeace reclama investigar y vigilar las masas de agua situadas bajo las zonas incendiadas porque las cenizas y otras sustancias movilizadas en la superficie pueden infiltrarse con las precipitaciones y alcanzar progresivamente el subsuelo. El proceso puede prolongarse desde semanas hasta varios años, en función de las características del terreno y de los materiales atravesados.

Según los datos que cita la organización del Instituto Geológico y Minero de España, en los últimos 20 años más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea han sufrido impactos relacionados con incendios, con un coste ambiental y económico superior a 43 millones de euros. Entre las demarcaciones identificadas como más vulnerables figuran Miño-Sil, Duero y Galicia Costa.

La dimensión del problema queda reflejada en la superficie afectada por los incendios: 279.545 hectáreas en 2026, frente a las 354.746,67 hectáreas de 2025, según los datos incluidos por Greenpeace en su comunicado.