Un Consejo Regional coordinará por ley a los graduados sociales de las nueve provincias

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de creación del Consejo de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Castilla y León, un órgano común para los nueve colegios provinciales que permitirá coordinar la representación de estos profesionales en el ámbito autonómico y reforzar su interlocución con la Administración.

La iniciativa, promovida conjuntamente por los Colegios Profesionales de Graduados Sociales de las nueve provincias, reconoce institucionalmente el papel de estos profesionales en el ámbito sociolaboral y establece un marco común de representación para el conjunto de la Comunidad.

Los graduados sociales desarrollan su actividad en ámbitos relacionados con las relaciones laborales y la Seguridad Social. Entre sus funciones se encuentran el asesoramiento y la gestión laboral, la contratación, las nóminas, las cuestiones vinculadas a la Seguridad Social y las relaciones entre empresas y trabajadores.

El nuevo Consejo tendrá la consideración de corporación de derecho público, personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Su ámbito territorial será el conjunto de Castilla y León y su creación permitirá canalizar de forma coordinada la representación de los nueve colegios provinciales ante las instituciones autonómicas.

La relación del Consejo con la Administración autonómica se repartirá entre dos áreas. La Consejería de la Presidencia asumirá las cuestiones corporativas e institucionales relacionadas con los colegios profesionales, mientras que los asuntos relativos al contenido y ejercicio de la profesión corresponderán a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

La creación del órgano responde a lo previsto en la normativa autonómica sobre colegios profesionales, que contempla esta posibilidad cuando existe una iniciativa respaldada por la mayoría de los colegios de una misma profesión y por la mayoría de sus profesionales colegiados. Su constitución requiere, en todo caso, una ley aprobada por las Cortes de Castilla y León.

El proyecto establece además el procedimiento para poner en marcha el nuevo Consejo. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley se constituirá un Gobierno provisional, integrado por un representante de cada uno de los nueve colegios provinciales. Este órgano deberá elaborar el proyecto de estatutos que regulará el funcionamiento del Consejo.

A continuación, una Asamblea Constituyente aprobará los estatutos definitivos y procederá a constituir el órgano de gobierno. El Consejo adquirirá plena capacidad de obrar una vez que sus miembros tomen posesión de sus cargos.

La norma aprobada está estructurada en tres artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final y deberá continuar ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León.