Veinte millones reforzarán la ayuda a domicilio en el medio rural de Castilla y León

La viceconsejera de Bienestar Social y Gerente Regional de Servicios Sociales, Esperanza Vázquez, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de las diputaciones provinciales y de los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad. La cita institucional ha servido para examinar los términos de la adenda correspondiente al presente ejercicio dentro del instrumento financiero que sustenta las prestaciones sociales básicas en el territorio.

En la reunión han participado igualmente el secretario general de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Santiago Díez; el secretario general de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Israel Diego; y la directora general de Mujer e Igualdad de Oportunidades, María Victoria Moreno. La previsión sobre la mesa contempla la aprobación de un incremento presupuestario cifrado en 30 millones de euros mediante este mecanismo anual de revisión técnica.

Suscrito para la vigencia del periodo 2024-2027, el texto marco alcanzará un volumen global de 780 millones de euros una vez quede formalizada la citada partida complementaria. El objetivo reside en ajustar los compromisos económicos a las demandas y necesidades de cada entidad gestora, garantizando tanto la atención en igualdad de condiciones territoriales como la solvencia presupuestaria de los consistorios con competencias específicas en la materia.

A través de este engranaje de cooperación administrativa se sufragan los equipos de acción social básica de primer nivel, adscritos a los centros de acción social, junto a los colectivos multidisciplinares de segundo nivel. De igual modo, el convenio da cobertura a la red de dependencia, las viviendas y residencias para mayores o personas con discapacidad, así como las medidas orientadas a la promoción de la igualdad efectiva de género.

Del aumento previsto, 20 millones de euros irán dirigidos de forma expresa al servicio de ayuda a domicilio. Tal asignación persigue consolidar la permanencia de las personas de edad avanzada y dependientes del medio rural en sus propios domicilios habituales, facilitando los cuidados continuados sin forzar el desarraigo de sus poblaciones de origen.

Asimismo, la adenda contempla un refuerzo de los fondos destinados a las retribuciones del personal técnico para acompasar los módulos salariales a los aumentos vigentes, además de incorporar nuevos profesionales a los equipos básicos con el propósito de acelerar las valoraciones de dependencia. En el mismo capítulo se recoge una mayor dotación para el Programa de Envejecimiento Activo de las corporaciones provinciales, los planes de prevención de la dependencia en personas con discapacidad menores de 65 años y la atención infantil de cero a seis años en Aranda de Duero, Medina del Campo y Miranda de Ebro, junto al sostén de los centros residenciales y diurnos de titularidad local.

Reunión del Acuerdo Marco de Servicios Sociales