La organización profesional agraria (OPA) traslada su petición a la Consejería de Medio Ambiente tras la medida aplicada recientemente en los rastrojos. El colectivo considera que esta práctica tradicional resulta más eficiente que los desbroces mecánicos para prevenir incendios forestales.
La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha solicitado formalmente a la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, una flexibilización de los requisitos normativos que regulan la ejecución de quemas asistidas en las zonas de aprovechamiento ganadero.
Esta petición se produce poco después de que la administración autonómica autorizase la quema controlada de rastrojos para combatir la plaga del topillo campesino, una medida impulsada por la Consejería de Agricultura y Ganadería que el colectivo califica de "decisión acertada y valiente".
En la organizacón advierten de que las elevadas exigencias acumuladas durante las últimas décadas han provocado la pérdida de miles de hectáreas de pastizal, convertidas paulatinamente en matorral denso e inaccesible para el ganado vacuno, ovino y equino.
El colectivo agrario defiende que la quema controlada es el método más eficaz para "limpiar el monte", tanto en superficies de titularidad pública como privada. Esta práctica ayuda a eliminar la masa vegetal seca acumulada y reduce notablemente el riesgo de propagación de los incendios forestales durante los meses estivales.
Asimismo, la medida permite paliar las pérdidas que sufre la ganadería en régimen extensivo ante la escasez de alimento en el campo. Al regenerar el manto vegetativo, se incrementa la capacidad de carga ganadera en los montes y se generan nuevas oportunidades económicas para los jóvenes que buscan incorporarse al sector.
La organización profesional agraria (OPA) sostienen que el uso de maquinaria pesada resulta poco eficiente debido a su elevado coste económico y a la huella ambiental que genera el consumo continuo de gasóleo. Según explican, las actuaciones mecánicas ejecutadas hasta el momento han abarcado áreas excesivamente reducidas.
En este sentido, ASAJA critica la gestión de los fondos destinados a este fin dentro de la Política Agraria Común (PAC), señalando que estos recursos "han podido favorecer mucho a las empresas de servicios, pero poco a los ganaderos" al no haber resuelto el problema de fondo en la mayor parte de la superficie maderable.
Para agilizar la tramitación, la OPA plantea que no se hace precisa una modificación legal compleja, sino que bastaría con promulgar una resolución administrativa ágil. Esta norma permitiría a los propios profesionales gestionar las quemas bajo un protocolo de comunicación previa y el acatamiento de unas reglas básicas de seguridad.
De aplicarse este modelo simplificado, la intervención directa de las brigadas forestales quedaría reservada exclusivamente para aquellos terrenos complejos o situaciones operativas excepcionales que entrañen un riesgo potencial elevado.
Las claves de la propuesta presentada ante el Ejecutivo regional se resumen en los siguientes puntos:
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