Los representantes de las empresas de fabricación y componentes marcan la recuperación económica de las plantillas como línea roja ante la negociación de los convenios. La organización reclama una transición tecnológica justa y mayor implicación institucional para proteger la actividad productiva.
Los delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pertenecientes a las empresas de fabricación y auxiliares del sector del automóvil en Castilla y León han establecido como una de sus líneas rojas la necesidad de frenar la pérdida del poder adquisitivo que sufren las plantillas. Esta exigencia marcará el posicionamiento de la organización de cara a las próximas negociaciones de convenios colectivos y a las elecciones sindicales que tendrán lugar durante los próximos meses y a lo largo del año 2027, toda vez que reclaman compromisos concretos orientados a reforzar la competitividad, atraer inversiones, impulsar el Corredor Atlántico y consolidar el tejido industrial autonómico.
Durante un encuentro celebrado el pasado martes, día 20, los representantes sindicales de las compañías Michelin, Renault, Horse, Mobility OP, Ficosa (con una factoría en Soria) y Grupo Logístico Sesé han analizado pormenorizadamente la situación actual de estas industrias esenciales para la economía regional. Habida cuenta de que el panorama actual se encuentra fuertemente condicionado por la transformación tecnológica, las variaciones del mercado y una creciente competencia internacional procedente en especial de los países asiáticos, los participantes han coincidido en señalar que este proceso de adaptación debe ejecutarse de una manera "equilibrada, tranquila y también justa con sus trabajadores y trabajadoras".
En este sentido, el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha manifestado la urgencia de contar con una hoja de ruta definida para salvaguardar esta actividad productiva. Según ha explicado el dirigente sindical, independientemente de quién ostente el poder ejecutivo, no se puede permitir que el porvenir de una industria de tal relevancia para la Comunidad quede condicionado por la ausencia de una estrategia clara, haciendo hincapié en que tanto el Gobierno de España como la Junta deben trabajar de manera conjunta asumiendo compromisos firmes que favorezcan la llegada de capital, mantengan la actividad en las plantas y generen la confianza necesaria para seguir potenciando la automoción.
Asimismo, Castro ha referido que la protección del tejido industrial lleva aparejada de forma indisoluble la defensa de sus empleados, advirtiendo de que no puede existir una competitividad sostenible si las nóminas continúan devaluándose mientras se encarece el coste de la vida, por lo que resulta prioritario garantizar un empleo estable, mejores retribuciones y unas condiciones laborales que permitan a las factorías competir en igualdad de condiciones.
Por su parte, el responsable del sector de empresa privada de la organización en la Comunidad, Gregorio Pastor, ha indicado la conveniencia de flexibilizar el cumplimiento del Plan 2030 vinculado a la automoción con el propósito de facilitar tanto la viabilidad como la capacidad competitiva de las firmas europeas. Con todo, el representante sindical ha avisado de que las dificultades derivadas de esta coyuntura no pueden recaer únicamente "en perjuicio" de unos trabajadores que sostienen la producción diariamente con su esfuerzo.
A este respecto, Pastor ha insistido en que las remuneraciones deben experimentar incrementos suficientes para compensar la inflación, llegando a ironizar sobre la paradoja actual al señalar que "si no tenemos capacidad adquisitiva para comprar los coches que nosotros mismos fabricamos, vamos muy mal". De este modo, el portavoz ha recordado que tanto las mejoras en las condiciones de trabajo como las actualizaciones salariales "se defienden, se justifican y se pelean en las mesas con negociaciones efectivas".
Así las cosas, desde el sindicato independiente han remarcado que continuarán defendiendo las reclamaciones de los empleados ante las direcciones empresariales y las administraciones públicas, exigiendo a los responsables políticos y patronales una política industrial decidida que evite la merma de capacidad productiva. No en vano, el sector de la fabricación de vehículos y componentes genera más de 100.000 empleos directos e indirectos en Castilla y León, erigiéndose como un pilar estratégico que no puede permitirse perder inversiones ni puestos de trabajo en el futuro.
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