José Luis Cornejo, ganadero de Pinares tras perder seis terneros: "Queremos tener lobos por todos los sitios y que los mantengan los ganaderos”"

La situación del sector ganadero frente a los ataques del lobo vuelve a ser noticia en la provincia. Esta vez, el cánido merodea por la demarcación de Pinares, según indican en la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), donde ha exigen a la Administración autonómica que asuma su responsabilidad para garantizar la convivencia y evitar que los productores sostengan económicamente la existencia de esta especie.

Para visibilizar esta problemática, la organización ha expuesto la situación de José Manuel Cornejo, titular de una explotación en Molinos de Duero. Tras años de actividad sin incidentes graves, este profesional ha sufrido en tan solo un mes seis ataques que se han cobrado la vida de seis terneros, de un total de 30 vacas con las que cuenta su explotación.

Los incidentes registrados en las últimas semanas se han concentrado en las inmediaciones del embalse de la Cuerda del Pozo y la zona de Playa Pita. Según detallan en la organización profesional agraria se trata de un enclave de gran afluencia turística donde la presencia reiterada de camadas de lobos, dicen, ya es conocida por las autoridades competentes.

Denuncias

El malestar en el sector radica en lo que consideran un abandono institucional y una total desprotección hacia los profesionales del medio rural. "Viene la Junta a ver los terneros atacados y se hacen los tontos y aquí no pasa nada, queremos tener lobos por todos los sitios y que los mantengan los ganaderos", ha denunciado el propio pinariego, quien también conoce el ataque de este depredador tal y como ya denunció durante la década pasada. .

En UCCL señalan directamente a la Junta de Castilla y León por aplicar una táctica de dilación e inacción ante estos sucesos. A pesar de los avisos y los partes tramitados por los afectados, los informes técnicos acumulan retrasos injustificados o terminan siendo calificados por los peritos como "indeterminados".

A juicio de la organización agraria, esta práctica administrativa permite al Ejecutivo autonómico eludir su responsabilidad presupuestaria en lugar de abonar los daños reales ocasionados en las explotaciones. Subrayan que la pretendida convivencia con la fauna silvestre no puede basarse en hacer recaer todo el peso