Ocho contenedores de litio para hibridar el sol de Frechilla

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria ha otorgado la autorización administrativa previa y de construcción para un nuevo proyecto energético en la provincia. Se trata de la hibridación mediante una instalación de almacenamiento con baterías para la planta solar fotovoltaica "Marte Solar", actualmente en construcción dentro del término municipal de Frechilla de Almazán.

La iniciativa, promovida por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U., sumará una potencia de almacenamiento de 7,599 MW y una capacidad energética de 30,4 MWh a la infraestructura original de 15,15 MW. Así lo recoge la resolución firmada el pasado 1 de octubre por la secretaria técnica, María Teresa García Mingo, y publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

El expediente administrativo arrancó el 6 de agosto de 2025 con la solicitud formal de la empresa para desarrollar el proyecto denominado "BESS Marte Solar". Meses después, en febrero de 2026, el área de Medio Ambiente confirmó que la actuación no precisaba de una nueva tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental, toda vez que se ubica dentro de la poligonal ya evaluada favorablemente en diciembre de 2022, debiendo cumplir íntegramente el condicionado de aquella declaración.

Desde el punto de vista técnico, el módulo de almacenamiento estará conformado por ocho contenedores de baterías del fabricante Sungrow o similar, basados en celdas de ion litio (litio, hierro y fosfato) con una capacidad nominal de 5.015 kWh y 1.123,2 V de tensión. Dichos contenedores, de 20 o 40 pies, integrarán los sistemas de gestión, climatización, detección de fuego y extinción automática de incendios, conectándose a transformadores de potencia a la intemperie de 5.140 KVA y a un transformador exclusivo para servicios auxiliares separado físicamente para maximizar la seguridad.

La evacuación de la energía generada y almacenada se realizará a través de una red subterránea de media tensión de 30 kV hasta la existente Subestación Frechilla 30/132 kV, para enlazar posteriormente con la Subestación Almazán 132/400 kV. Con todo, la resolución advierte de que la potencia máxima destinada a la inyección en la red quedará limitada a la establecida en el correspondiente permiso de acceso y conexión.

Alegaciones de empresas, ecologistas y particulares

Durante el periodo de información pública, abierto en marzo de 2026 y rectificado en mayo en lo referente a servicios auxiliares, presupuesto y plazos, el Servicio Territorial remitió el expediente al Ayuntamiento de Frechilla de Almazán, Parque Solar de la Comarca de Almazán, Infraestructuras Comunes Almazán, Red Eléctrica de España, Redeia Corporación, Iberenova Promociones y el Servicio Territorial de Medio Ambiente. En este trámite presentaron informes y alegaciones diversas entidades y particulares.

Por lo que respecta a Red Eléctrica de España, la compañía confirmó no presentar oposición al no existir afecciones a sus instalaciones, recordando únicamente la obligación legal de actualizar los permisos de acceso y conexión, extremo que contó con la conformidad del promotor. Por su parte, Iberenova Promociones advirtió inicialmente de que el camino de acceso invadía la servidumbre de 30 metros de su línea de alta tensión entre Alentisque y Almazán, solicitando un acuerdo previo a las obras y notificaciones al área de mantenimiento; sin embargo, Solaria acreditó que la distancia es superior a 30 metros y que el vial enlaza con el ya autorizado en septiembre de 2023 para la planta solar, respetando los límites acordados.

Igualmente, la mercantil Parque Solar de la Comarca de Almazán alertó de un cruzamiento entre las líneas de evacuación de 30 kV de ambos parques en las inmediaciones de la subestación de Frechilla, en terrenos cuyos derechos corresponden a Infraestructuras Comunes Almazán. La promotora respondió garantizando la plena compatibilidad técnica entre las infraestructuras, por lo que la Junta ha desestimado la alegación recordando la obligación de respetar las distancias de seguridad industrial.

En el ámbito medioambiental, la Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (ASDEN) formuló el 21 de abril ocho alegaciones relativas a la insuficiencia presupuestaria para restaurar los terrenos, el tapado de gravas y arenas con tierra vegetal, la falta de justificación sobre los costes de reciclado y el tratamiento de las unidades al final de su vida útil conforme al reglamento europeo 2023/1542. El colectivo ecologista también señaló la ausencia de un sistema de contención para aguas contra incendios potencialmente contaminadas, la falta de evaluación de emisiones atmosféricas en caso de fallo térmico, la consideración de actividad potencialmente contaminante del suelo y la necesidad de revisar los planes de residuos, desmantelamiento y autoprotección.

Ante estas cuestiones de ASDEN, la empresa promotora contestó en agosto que dichas alegaciones hacían referencia a un proyecto previo ya obsoleto, no considerándolas válidas, ante lo cual la administración autonómica se ha limitado a recordar el deber de cumplir la normativa en vigor. Del mismo modo, se ha desestimado la reclamación del particular Juan Antonio Iglesias Garijo, quien expuso haber firmado en septiembre de 2024 un derecho de superficie con la empresa PF Marte S.L. para una instalación fotovoltaica, tendidos y subestación, pero sin pactar módulos de baterías ni el uso por terceros. Solaria argumentó ser el socio único de dicha mercantil y el Servicio Territorial ha zanjado que se trata de un asunto jurídico-privado y contractual ajeno al procedimiento administrativo.

Para la puesta en marcha definitiva, la empresa deberá depositar previamente una garantía económica que cubra la totalidad del presupuesto de desmantelamiento, cumplir las medidas de protección de la avifauna y obtener la autorización de explotación provisional para pruebas, pudiendo solicitar una extensión de los plazos legales en los próximos tres meses. Los trámites posteriores y la inscripción en el registro de seguridad industrial deberán efectuarse a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, disponiendo los interesados de un plazo de un mes para interponer recurso de alzada ante el Director General de Energía y Minas.

La resolución en el Bocyl, aquí.