El Burgo de Osma revisa el cobro a las grandes eléctricas, la nave de la villa y el parque infantil

El Burgo de Osma blinda sus ingresos ante las multinacionales de suministros y pone bajo la lupa la gestión de sus bienes municipales. La villa ha impulsado un conjunto de medidas para asegurar que las grandes empresas de electricidad y telecomunicaciones abonen las tasas por el uso del espacio público, exigir la creación real de puestos de trabajo en las naves municipales alquiladas y garantizar la máxima seguridad en las instalaciones infantiles.

El municipio ha dado luz verde a la revisión de oficio para corregir un trámite administrativo en la ordenanza fiscal que regula el cobro a las empresas de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones por el aprovechamiento del suelo, subsuelo y aire local. La medida se toma tras un recurso presentado por Red Eléctrica de España, donde se advirtió que al inicio del expediente no se había votado formalmente el acuerdo de imposición del tributo. La corrección se ha aprobado con el respaldo unánime de los 13 concejales de la corporación.

Este reajuste no supone ningún perjuicio económico para las arcas municipales ni afectará a los vecinos, ya que para el presente ejercicio no se habían contabilizado ingresos por este concepto. Durante la explicación de las posturas, el portavoz socialista, Héctor Ventosa, señalaba que la ordenanza nació con "un fallo en la casilla de salida" al omitirse la votación inicial y remarcó la necesidad de que la norma quede "perfecta en la forma" para evitar que los grandes bufetes de abogados la invaliden. Por su parte, el alcalde, Antonio Pardo, precisó que se trataba de "un error técnico de inicio" ajeno a la responsabilidad del equipo de gobierno, cuyo cometido radica en impulsar "las ideas y las propuestas" y no en la elaboración burocrática de los expedientes.

Revisión del arrendamiento de la nave municipal y del suelo infantil

En materia de patrimonio local, el Ayuntamiento ha exigido resultados a la empresa Artificial (anteriormente Carbures), arrendataria de una nave municipal por un importe cercano a los 30.000 euros anuales, ante la falta de actividad productiva y de empleados en la instalación. El propio regidor reconocía ser el primero en admitir que la firma "no está cumpliendo el contrato" y advirtía de que, tras haber enviado requerimientos por escrito sin obtener respuesta, el Consistorio acudirá a la vía judicial para resolver la concesión en defensa de los intereses locales.

Asimismo, se ha abordado la seguridad del pavimento de caucho del parque infantil de La Serna. El alcalde defiende que el recinto disponía en su origen del aval de un proyecto redactado por técnicos cualificados, pero garantiza que "en cuanto se tenga la mínima indicación" por parte de los servicios técnicos o la normativa de que este material no es adecuado, el Ayuntamiento procederá a su sustitución.

Propuestas medioambientales y sanitarias desestimadas

Por otro lado, la corporación evaluó dos mociones presentadas por la oposición relativas a la gestión del río Ucero y a la atención sanitaria en los colegios.

• Limpieza y seguimiento del río Ucero: La propuesta solicitaba informes sobre el episodio de mortandad de peces registrado en agosto cerca de la estación depuradora. El equipo de gobierno declinó la urgencia al señalar que los análisis del agua muestran actualmente parámetros favorables y que la reserva de datos responde a la prudencia necesaria ante un asunto potencialmente judicializable.
• Enfermería en los centros escolares: La iniciativa reclamaba pedir a la Junta una enfermera escolar motivada por el caso de una alumna de tres años con cardiopatía. Se desestimó su urgencia argumentando que las necesidades de la menor ya están siendo atendidas de forma directa por una comisión técnica sociosanitaria integrada por profesionales de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Todas estas decisiones, junto a la aprobación del acta de la reunión previa y el informe de resoluciones de Alcaldía, se formalizaron a lo largo de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal. Durante la reunión también se dio traslado oficial de la renuncia voluntaria de la concejala socialista Rosa María Sánchez a cobrar sus indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones. La edil fundamentó su decisión en la voluntad de generar un ahorro a las arcas públicas, asegurando que no le hace falta cobrar para venir a "dar la cara, trabajar por los vecinos y fiscalizar la gestión" municipal con total libertad.