La Diputación publica las bases para cubrir estos puestos de plantilla laboral mediante el sistema de turno libre. El proceso selectivo contempla además la creación de una bolsa de trabajo para futuras necesidades temporales en el territorio.
Ya se conocen las bases de la convocatoria impulsada por la Diputación de Soria para la provisión en propiedad de seis plazas de trabajador social. Estos puestos, pertenecientes a la plantilla de personal laboral fijo dentro del grupo dos y con nivel 22 de complemento de destino, están adscritos al Área de Servicios Sociales y se cubrirán mediante el sistema de oposición por el turno libre, contemplándose igualmente la constitución de una bolsa de empleo.
Según recoge el documento rubricado por el vicepresidente segundo de la corporación provincial, José Antonio de Miguel Nieto, esta convocatoria unifica vacantes correspondientes a distintas ofertas de empleo público con el propósito de atender las necesidades de personal de la institución. De este modo, cuatro de las plazas pertenecen al turno general de la oferta de 2026, mientras que las otras dos se reservan al turno de discapacidad, correspondiendo una de ellas al ejercicio de 2023 y la otra al presente 2026.
Las bases establecen que, en el supuesto de que las vacantes reservadas al cupo de discapacidad no resultaran cubiertas por falta de aspirantes o por no superar estos las pruebas, dichas plazas se acumularán al turno libre general. Asimismo, el proceso servirá para proveer los puestos ocupados por empleados que accedan a la jubilación parcial bajo la modalidad de contrato de relevo, pudiendo incrementarse también el número de plazas convocadas si antes de la formalización de los contratos se aprobase una nueva oferta de empleo con vacantes de la misma categoría.
Para poder concurrir a este proceso selectivo, los interesados deberán poseer la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE, haber cumplido los 16 años y contar con el título de Diplomado o Grado en Trabajo Social. Quienes opten por el turno específico habrán de acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, así como la compatibilidad funcional mediante un informe emitido por la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León o el órgano equivalente.
El plazo para la presentación de instancias será de 15 días hábiles, comenzando a contar a partir del primer día hábil siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El modelo de solicitud se encuentra disponible en la página web de empleo de la Diputación, pudiendo tramitarse de manera presencial en el Registro General de la institución o de forma telemática a través de la sede electrónica provincial.
Los candidatos deberán abonar unos derechos de examen fijados en 24,78 euros antes de registrar su solicitud, trámite que se efectuará por internet mediante el portal de pago de tasas seleccionando la tarifa correspondiente al personal laboral del grupo dos. A esta cuantía se le podrán aplicar las exenciones o bonificaciones por desempleo, discapacidad o familia numerosa que recoge la ordenanza fiscal reguladora, debiendo adjuntarse a la instancia tanto el comprobante bancario de pago o de exención como el justificante de la titulación exigida.
Una vez expirado el plazo de inscripción, la Presidencia de la corporación dictará resolución con la lista provisional de admitidos y excluidos. El tribunal calificador encargado de evaluar a los aspirantes estará presidido por la jefatura del Departamento de Servicios Sociales, contando como vocales con dos empleados de la institución provincial, un técnico designado por la administración autonómica y otro por el Ayuntamiento de Soria, todos ellos vinculados al área social.
La oposición constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, puntuados cada uno de cero a 10 puntos y siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para superarlos. El programa que habrá de regir las pruebas se divide en un primer bloque de 14 materias comunes sobre legislación administrativa y constitucional, y un segundo bloque de 58 temas específicos centrados en la normativa e intervención en servicios sociales.
La primera prueba, de carácter teórico, consistirá en responder a un cuestionario tipo test de 50 preguntas más cinco de reserva, donde cada acierto sumará 0,2 puntos y cada error restará 0,04 puntos. Quienes superen este corte pasarán al segundo ejercicio, en el que dispondrán de un máximo de dos horas para resolver por escrito dos supuestos prácticos o teórico-prácticos que posteriormente deberán ser leídos en sesión pública ante el tribunal, el cual podrá formular preguntas durante 10 minutos.
En caso de producirse un empate en la suma final de ambos exámenes, prevalecerá la mayor nota obtenida en la prueba práctica y, de persistir la igualdad, la del ejercicio teórico, recurriéndose en última instancia al orden alfabético del primer apellido comenzando por la letra B. Los seis candidatos con mayor puntuación dispondrán de cinco días hábiles desde la propuesta de contratación para presentar la documentación requerida antes de firmar su contrato como personal laboral fijo, quedando sujetos a la superación del correspondiente periodo de prueba.
De manera paralela, con el fin de cubrir futuras sustituciones o vacantes interinas en los distintos programas provinciales, se constituirá una bolsa de empleo integrada por todos los aspirantes que hayan aprobado al menos el primer ejercicio, situándose en primer lugar quienes hayan superado las dos fases. Las bases advierten de que la renuncia no justificada a un llamamiento acarreará un año de suspensión en la lista, mientras que no atender a tres avisos telefónicos reiterados supondrá una penalización de tres meses, contemplándose además la posibilidad excepcional de crear una bolsa supletoria con quienes alcancen al menos el 40 % de la nota en el test inicial.
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