El TSJCyL anula la adjudicación de 138 licencias de radio

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Valladolid, ha declarado nula de pleno derecho la adjudicación de 138 licencias de radio en la comunidad. El fallo estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Radio Popular, S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE).

Según el edicto publicado este martes, 3 de noviembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), la decisión judicial anula la Orden MTD/1854/2022, de 18 de diciembre, de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Dicha normativa resolvía el concurso público convocado inicialmente mediante la Orden FYM/1173/2020, de 29 de octubre, y cuyos resultados se habían publicado oficialmente el 23 de diciembre de 2022.

Las autorizaciones anuladas corresponden a licencias de comunicación audiovisual para la prestación de servicios radiofónicos en ondas métricas con modulación de frecuencia (FM) de titularidad privada que realicen comunicaciones comerciales en el territorio autonómico.

Obligación de dictar una nueva resolución

Como consecuencia de la nulidad, el tribunal ordena al órgano competente de la Junta de Castilla y León que dicte una nueva resolución sobre la adjudicación de todas las licencias de radio sacadas a concurso, de conformidad con los pronunciamientos contenidos en la sentencia. Asimismo, el fallo impone el pago de las costas del proceso a la Administración demandada, con el límite señalado en el último fundamento de derecho de la resolución.

Partes implicadas en el procedimiento

El procedimiento ordinario 0000199/2023 fue promovido por Radio Popular, S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), bajo la dirección letrada de Carlos Angulo Delgado y la representación de la procuradora María del Mar Teresa Abril Vega. La publicación del fallo en el boletín oficial se produce tras una resolución judicial de fecha 23 de septiembre de 2025, firmada en Valladolid el 23 de octubre de 2026 por la letrada de la Administración de Justicia, Covadonga Yágüez Santiago.

En el proceso judicial han figurado como partes demandadas la Administración autonómica y seis entidades del sector de la comunicación, entre las que se encuentra una empresa soriana:

• Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.
• Libertad Digital, S.A.
• Grupo de Comunicación Promecal, S.L.U.
• Diario de Ávila, S.A.U.
• Noticias Independientes de Soria, S.L.U.
• Mediatel Multimedia, S.A.U.
• Asociación Emplazamientos y Comunicaciones Nueva Esperanza (AECNE).

En la defensa y representación de las partes demandadas han intervenido el letrado de la Comunidad y los abogados José María Galilea Gómez, Emilio Pérez Martín y Paula Romeo González, junto a las procuradoras Tatiana González Riocerezo, Elena Cano Martínez y Sonia Rivas Farpón.