Huelga indefinida en el 112 de Castilla y León a partir de este viernes

La plantilla del servicio de atención de llamadas de emergencia 112 de Castilla y León, gestionado por la adjudicataria Ilubnion Emergencias, S.A., inicia una huelga indefinida a partir de este viernes, 6 de noviembre. Según ha informado el Comité de Empresa, los paros se desarrollarán el primer viernes de cada mes, a excepción de los festivos, garantizando en todo momento la cobertura de los servicios mínimos que se determinen para asegurar la atención a la ciudadanía.

El origen de este conflicto laboral radica en el incumplimiento del Acuerdo de empresa rubricado en el año 2022. Como se recordará, aquel documento puso fin a los paros registrados entonces gracias a la mediación de la propia Junta de Castilla y León, devolviendo la estabilidad a una prestación esencial que venía de atravesar la crisis generada por la anterior concesionaria.

El núcleo de las desavenencias se sitúa en las denominadas rondas de rotación antiestrés, un sistema de turnos diseñado para que los operadores puedan descansar adecuadamente habida cuenta de la máxima tensión que exige su labor. Aunque lo pactado estipula 40 rondas para los gestores de llamadas y seis para el área de supervisión, la propia compañía ha admitido en sede judicial que actualmente solo operan 25 de esos turnos, mientras que la sexta plaza de supervisión acumula más de dos años sin cubrirse.

A esta merma en los descansos se añaden otras faltas relativas a la formación, la acreditación de idiomas y el respeto a la antigüedad en los procesos de contratación. Pese a que la disputa ha pasado hasta en tres ocasiones por el servicio de mediación laboral (SERLA) desde febrero de 2026 y por una mesa de negociación sin lograr avenencia, la compañía ha optado en mitad del proceso por denunciar el convenio interno con el propósito de desmontar la estructura de turnos y descansos.

Un contrato público que se abona sin cumplirse

Desde el órgano de representación de los trabajadores han recordado que el pacto de 2022 figura dentro del expediente de contratación de la Administración autonómica como parte de las condiciones laborales aplicables, habiéndose calculado el presupuesto de licitación conforme a dichos parámetros. "La empresa cobra un precio calculado como si cumpliera el Acuerdo, pero no lo cumple. La Junta está pagando un servicio en unas condiciones que no se están dando", ha señalado el Comité de Empresa.

Igualmente, la parte social ha advertido sobre la falta de personal, una carencia que la dirección empresarial ha llegado a reconocer por escrito en dos actas de reunión. A juicio de los representantes laborales, este déficit de efectivos, sumado a la carencia de una formación adecuada y a la pérdida de profesionales con experiencia y estabilidad, constituye un riesgo para la calidad asistencial en un centro del que depende la respuesta ante cualquier urgencia en la Comunidad.

Las anomalías en la gestión laboral han tenido ya recorrido administrativo y judicial, toda vez que la Inspección de Trabajo ha constatado que no se publican los cuadrantes horarios en plazo y la autoridad laboral ha impuesto sanciones por infracciones graves en esta materia. Asimismo, un juzgado de Valladolid declaró nula la exclusión de una empleada del régimen de rotación, existiendo en la actualidad varias denuncias pendientes ante la Inspección y una demanda específica por la cuestión de las rondas.

Petición de mediación y gestión directa

Así las cosas, la representación sindical se ha dirigido tanto a la Vicepresidencia Segunda de la Junta como a la Agencia de Protección Civil y Emergencias para solicitar que el Ejecutivo autonómico vuelva a mediar, tal y como hiciera hace cuatro años, y exija a la concesionaria el acatamiento del contrato. "Sin esa mediación, el conflicto se alargará de forma innecesaria en perjuicio de un servicio público vital", han advertido los portavoces de la plantilla.

Mirando hacia la futura licitación del servicio, los trabajadores reclaman que los nuevos pliegos incorporen de manera expresa las condiciones del acuerdo de 2022 como obligaciones esenciales sujetas a un control real, al tiempo que plantean a la Administración la posibilidad de asumir la gestión directa del 112. "Un servicio esencial como este puede y debe gestionarlo la propia Junta. ¿Qué razón hay para mantener un modelo más caro y que funciona peor?", se ha preguntado el Comité, que mantiene su disposición al diálogo pero rechaza que se desmantele un pacto que la empresa nunca ha llegado a cumplir.