Las patronales y diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel refuerzan su estrategia en la Red SSPA

Las organizaciones empresariales y las diputaciones provinciales de Soria, Cuenca y Teruel han reafirmado este martes en la capital soriana su compromiso de colaboración para defender los intereses de los territorios afectados por la despoblación ante las instituciones españolas y comunitarias. En el marco de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), la sede de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha acogido el encuentro anual de las seis entidades, una cita concebida para hacer balance del ejercicio actual y trazar una hoja de ruta conjunta ante un año 2027 decisivo para las posibilidades de desarrollo de estas tres demarcaciones.

En la mesa de trabajo han tomado parte el presidente de FOES, Santiago Aparicio; el presidente de CEOE Teruel, Jesús Blasco; y el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, quienes han estado acompañados por el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano; su homólogo en la institución provincial turolense, Joaquín Juste; y el diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cuenca, Javier Cebrián. Todos ellos han analizado la evolución demográfica y económica de las tres provincias, constatando que, pese a la mejoría registrada en algunos indicadores durante los últimos años, estos territorios siguen sin avanzar al ritmo del conjunto de España, toda vez que persisten desequilibrios que evidencian la necesidad de políticas diferenciadas.

Buena parte de la jornada se ha dedicado a repasar la actividad desplegada por la Red SSPA a lo largo de este 2026 en los despachos comunitarios y nacionales. En este sentido, las seis entidades han puesto en valor la presencia permanente en Bruselas de su coordinador, Mario Vega, cuya labor en la capital comunitaria permite mantener una interlocución directa y continuada con las instituciones europeas, seguir de cerca los procesos de decisión y participar de forma activa en la elaboración de normativas que atañen a estas zonas.

Uno de los principales frentes de actuación durante el presente curso ha sido la revisión del marco europeo de ayudas de Estado, de manera especial en lo relativo a las Directrices sobre las Ayudas Estatales de Finalidad Regional y al Reglamento General de Exención por Categorías. Tanto las patronales como las corporaciones provinciales han elaborado y presentado alegaciones conjuntas a ambas propuestas normativas, manteniendo además diversas reuniones con responsables de la Comisión Europea con el propósito de garantizar que la futura regulación conserve el reconocimiento específico de las áreas escasamente pobladas y preserve las opciones de apoyar a su tejido productivo.

De igual modo, la alianza triprovincial insiste en la urgencia de que el Gobierno de España aproveche plenamente el margen que brinda la legislación comunitaria para ampliar las ayudas al funcionamiento. Aunque la puesta en marcha de estas bonificaciones en 2023 supuso un avance para las tres provincias, los firmantes consideran que su alcance actual resulta insuficiente para erigirse en un instrumento verdaderamente eficaz de desarrollo empresarial.

La defensa de la cohesión territorial y el horizonte de 2027

Otro de los grandes asuntos abordados en el encuentro ha sido el futuro de la política de cohesión territorial de la UE y las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. A lo largo del año, la plataforma ha intervenido en debates, consultas y foros del Comité de las Regiones, manteniendo encuentros con eurodiputados para lograr que los futuros reglamentos de fondos recojan expresamente las particularidades del sur europeo escasamente poblado. Asimismo, la actividad se ha extendido a consultas europeas sobre la Estrategia del Derecho a Permanecer y el Plan Europeo de Vivienda Asequible, además de procesos nacionales vinculados a la planificación energética y a la nueva Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico.

De cara al próximo ejercicio, las seis entidades han acordado mantener una estrategia coordinada de seguimiento sobre los procesos normativos abiertos tanto en Madrid como en Bruselas. Habida cuenta de lo que está en juego, el presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha incidido en la trascendencia del momento actual y ha abogado por mantener la unidad de acción para afrontar los retos comunes, advirtiendo sobre el peso que tendrán las resoluciones comunitarias en la atracción de inversiones y la generación de empleo. "Nos jugamos buena parte del futuro económico de Soria, Teruel y Cuenca en Bruselas", ha apuntado el dirigente empresarial, recalcando que no pueden llegar tarde a unas decisiones que marcarán su porvenir.

Durante su análisis, Aparicio ha recordado que desde la organización no reclaman privilegios, sino una igualdad real de oportunidades, argumentando que dispensar un trato idéntico a territorios que parten de situaciones desiguales no corrige las diferencias, sino que las perpetúa. Por ello, ha defendido que la alianza entre patronales y diputaciones resulta fundamental para sumar fuerzas, tener mayor voz en Europa y transformar las reivindicaciones en oportunidades tangibles.

En esta misma línea se ha pronunciado el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, quien ha destacado que la unión de las corporaciones provinciales y las organizaciones empresariales constituye uno de los principales activos de la red para defender sus intereses con una sola voz, aunando la experiencia del sector privado y la responsabilidad municipal. El dirigente provincial ha considerado imprescindible contar con un Gobierno nacional que aplique al 100 % las ayudas al funcionamiento logradas ante Europa, lamentando que en la actualidad están sirviendo de poco debido a la falta de voluntad política para desarrollarlas en su totalidad, siendo que las directrices vigentes expiran el 31 de diciembre de 2027 y requerirán tanto de su aplicación íntegra como de una prórroga comunitaria.

Reivindicación unánime desde Teruel y Cuenca

La exigencia de exprimir al máximo el margen legal autorizado por Bruselas ha sido compartida por el presidente de CEOE Teruel, Jesús Blasco, quien ha recordado que la normativa comunitaria permite bonificar hasta el 20 % de los costes laborales, un límite del que la aplicación efectiva sigue muy alejada. Blasco ha subrayado que no se puede desaprovechar una herramienta clave para mejorar la competitividad en zonas con graves desventajas demográficas, fijando como meta para el decisivo año 2027 que vivir, emprender e invertir en estas tres provincias no suponga partir en situación de inferioridad frente a otros puntos del país.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha defendido que las empresas asentadas en los pueblos necesitan medidas que les permitan crecer y contratar en mejores condiciones, por lo que ha instado a reclamar al Ejecutivo central que despliegue la fiscalidad diferenciada en todo su alcance. Juste ha apelado a sostener una posición común en los próximos meses para lograr que el futuro presupuesto europeo y las reglas sobre ayudas de Estado garanticen un respaldo estable que asegure empresas, empleo y servicios en el medio rural.

Desde la representación conquense, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, ha calificado de vital el respaldo administrativo de las diputaciones para consolidar unas políticas frente a la despoblación que requieren de un trabajo a largo plazo, insistiendo en la doble vía de incrementar las bonificaciones laborales y asegurar unas ayudas al desarrollo rural que perciben amenazadas desde la UE. Finalmente, el diputado de Reto Demográfico de la institución provincial de Cuenca, Javier Cebrián, se ha sumado a la petición de una mayor ambición, si bien ha precisado que estas medidas ya han permitido a los empresarios de su provincia ahorrar 60 millones de euros desde enero de 2023. Según ha detallado Cebrián, en los municipios de menos de 1.000 habitantes la reducción del 20 % en las contingencias comunes para 4.874 trabajadores contratados supone un alivio mensual superior a los 350.000 euros, un dato que refuerza la postura de su corporación para defender con firmeza los fondos de cohesión y los programas propios para el entorno rural en este momento crucial.