Ecologistas en Acción exige a la Junta una norma contra la mortalidad de avifauna

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, organización de la que forma parte la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN) y en cuya iniciativa ha participado, ha registrado una solicitud formal ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. El propósito de este escrito es instar a la administración autonómica a elaborar una nueva disposición reglamentaria que permita prevenir, detectar y corregir la elevada mortalidad de avifauna y otra fauna silvestre provocada por la electrocución y la colisión en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

Los datos recopilados por la propia asociación a partir de las memorias anuales de los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) reflejan que esta siniestralidad supone en torno al 13,5 % de todas las entradas registradas en la comunidad. Entre 2021 y 2025 se han contabilizado más de 4.200 episodios de muertes por estas causas, pasando de los 874 ingresos en 2021 a una fase de estabilización en 2022 y 2023, con 630 y 640 casos respectivamente, para sufrir después un repunte significativo que ha superado el millar de ejemplares afectados tanto en 2024, con 1.046 registros, como en 2025, ejercicio que se cerró con 1.034.

Según han significado desde el colectivo ecologista, estas estadísticas evidencian una situación que afecta de manera directa a especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el quebrantahuesos, la avutarda o el sisón. El escenario resulta aún más complejo habida cuenta de que existen cientos de miles de apoyos sin aislar en el territorio autonómico y apenas se inspeccionan unos pocos miles cada año. De este modo, y atendiendo a estudios que estiman que únicamente se detecta el 15 % de los ejemplares siniestrados, la organización calcula que en Castilla y León mueren electrocutadas unas 6.600 grandes aves anualmente.

La petición trasladada al Ejecutivo autonómico busca enmendar los defectos jurídicos que en 2022 motivaron la anulación de la anterior Orden FYM/79/2020 por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. A partir de entonces, la Junta adquirió públicamente el compromiso de dotar a la futura norma de los estudios técnicos y la tramitación preceptiva necesarios para declarar a toda la comunidad como Zona de Protección, si bien los representantes conservacionistas han lamentado que, transcurridos cuatro años desde aquella sentencia, todavía no se tienen noticias sobre su desarrollo.

Modificación integral de líneas y plazos de ejecución

Dentro del documento remitido a la Consejería, la federación plantea como exigencia fundamental la modificación integral de los tendidos eléctricos cuando se localice un punto negro o una infraestructura peligrosa. El objetivo es que los requerimientos de corrección y aislamiento se apliquen a lo largo de toda la línea o tramo de riesgo, toda vez que en la actualidad solo se actúa sobre el poste concreto donde aparece el animal muerto, siendo previsible que se produzcan nuevas electrocuciones en apoyos cercanos de idénticas características.

Asimismo, el texto reclama la fijación de plazos concretos y un régimen sancionador efectivo ante posibles incumplimientos. En concreto, se propone establecer un periodo máximo de un mes para que la administración tramite el requerimiento al titular de la red tras constatar la mortandad, así como un plazo improrrogable de cuatro meses para que las compañías eléctricas ejecuten las obras correctoras oportunas, abriendo expedientes de responsabilidad en caso de demora.

Las demandas conservacionistas contemplan igualmente ampliar las medidas protectoras a los mamíferos y regular de forma preventiva los riesgos derivados de otras instalaciones, tales como aerogeneradores, pistas de pádel, cristaleras, canales y balsas de agua. En materia de transparencia, se insta a crear un registro público autonómico de mortalidad de fauna accesible para investigadores y ciudadanía, además de publicar en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECYL) la cartografía oficial de tendidos peligrosos y corregidos, acompañando estas acciones con una campaña de divulgación que facilite el aviso rápido por parte de particulares que hallen ejemplares en el campo.

Así las cosas, desde la organización han manifestado su confianza en que la Consejería asuma sus competencias tanto en conservación del patrimonio natural como en seguridad industrial. Habrá que estar a la espera de la respuesta administrativa para comprobar si, en coordinación con la Fiscalía de Medioambiente y bajo el marco de la normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se articula una solución frente a una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en la región.