De precios públicos a tasas: cambio normativo en los servicios sociales de la provincia

La Diputación ha dado luz verde a la renovación del marco normativo que rige el cobro de diversos servicios sociales y asistenciales que la institución dispensa en la provincia. Según recoge este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia, el acuerdo fue adoptado en sesión plenaria, mediante un documento rubricado el día nueve del mismo mes por el presidente de la institución, Benito Serrano Mata.

En concreto, la corporación provincial ha procedido a derogar la norma reguladora del precio público por alojamiento y atención integral en las residencias para personas mayores, centros asistenciales y centro ocupacional dependientes de la institución, así como por los servicios prestados en plazas concertadas con otros espacios similares. En su lugar, el Pleno ha aprobado la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estancia tanto en los centros residenciales propios como en aquellos centros asistenciales concertados.

De igual modo, el acuerdo plenario contempla un cambio idéntico en el ámbito de las prestaciones que reciben los usuarios en sus propios hogares. Así las cosas, queda derogada la anterior normativa de precio público para dar paso a la aprobación de la ordenanza fiscal que regulará a partir de ahora la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, incluyendo también dentro de este epígrafe los servicios de lavandería y comida a domicilio.

Toda vez que se ha completado este trámite inicial, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los textos completos se encuentran ya expuestos en el tablón de anuncios de la corporación provincial para su consulta pública.

A partir de entonces, se abre un periodo de exposición y admisión de reclamaciones de treinta días, contados desde el siguiente día hábil a la inserción de este anuncio en el boletín oficial, a fin de que los interesados legítimos puedan examinar los expedientes y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Dichas reclamaciones deberán dirigirse a la Corporación en Pleno y presentarse en la oficina del Registro General de la institución provincial, por lo que habrá que estar a la espera de que concluya este plazo legal para conocer si se registran modificaciones antes de la entrada en vigor definitiva de las tasas.