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Castilla y León amplía las funciones de los veterinarios habilitados

Castilla y León amplía las funciones de los veterinarios habilitados

Actualizado 16/11/2026 12:51

La Consejería de Agricultura elabora un protocolo que unifica criterios técnicos y refuerza el control de enfermedades en las ganaderías. Los titulares de las granjas eligen libremente al especialista a través de un registro público bajo supervisión pública.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha elaborado un nuevo protocolo de actuación para los veterinarios habilitados en los programas de sanidad animal de Castilla y León. Esta herramienta nace con el propósito de reforzar la capacidad operativa del sistema autonómico en las labores de prevención, vigilancia, control, lucha y erradicación de enfermedades animales, mejorando al mismo tiempo la necesaria coordinación de estos especialistas con los Servicios Veterinarios Oficiales.

El documento establece criterios técnicos, organizativos, documentales y de control comunes para las intervenciones de estos facultativos en el campo. De este modo, los profesionales actuarán dentro del ámbito concreto de su habilitación y siempre bajo la dirección, supervisión y control de los Servicios Veterinarios Oficiales, toda vez que la Administración pública mantiene las competencias y las decisiones administrativas que le atribuye la normativa vigente.

La ampliación de esta participación permite aprovechar la capacidad de los especialistas disponibles en la comunidad para mejorar la cobertura territorial y facilitar la prestación de servicios sanitarios a las explotaciones ganaderas, sin reducir las garantías técnicas ni administrativas aplicables.

En lo que respecta al ámbito de actuación, el protocolo contempla la intervención de estos facultativos en pruebas diagnósticas, toma y traslado de muestras, seguimiento sanitario de las granjas, investigaciones epidemiológicas y comprobaciones de bioseguridad, además de otras labores de vigilancia previstas en los programas oficiales. Asimismo, podrán participar en tareas relacionadas con otras especies ganaderas, con la fauna silvestre y con aquellas enfermedades compartidas entre esta y el ganado, cuando así lo prevean las directrices aplicables.

Actuaciones en tuberculosis bovina y requisitos

Uno de los aspectos destacados del texto se centra en el programa de erradicación de la tuberculosis bovina. A partir de esta regulación, los profesionales acreditados podrán realizar las pruebas oficiales de campaña, que se suman a las comprobaciones previas o posteriores al movimiento de reses que ya venían desarrollando, ajustándose siempre al Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y a las instrucciones de la Administración.

Habida cuenta de la exigencia de estas labores, quienes intervengan en dichas actuaciones deberán haber superado la formación teórica, práctica y jurídica requerida. Este aprendizaje incluye la validación de la técnica de intradermotuberculinización y la superación de los correspondientes cursos de actualización, condiciones con las que se busca asegurar la correcta aplicación de los procedimientos y la plena fiabilidad de los resultados diagnósticos.

Registro público y plazos de comunicación

Para articular este sistema, la Junta de Castilla y León mantendrá un registro público y actualizado donde podrán consultarse tanto las tareas concretas para las que está facultado cada veterinario como sus datos de contacto. Siendo que una intervención pueda ser ejecutada por esta vía, el titular de la explotación tendrá la posibilidad de elegir libremente al profesional entre los incluidos en dicho listado. Además, la acreditación tendrá eficacia en todo el territorio autonómico sin necesidad de una adscripción provincial adicional, sin perjuicio de la coordinación con los servicios oficiales competentes en cada demarcación.

En cuanto a la organización del trabajo de campo, las actuaciones vinculadas a las pruebas previas o posteriores al movimiento pecuario deberán comunicarse con una antelación mínima de 24 horas, salvo que concurra una causa justificada, mientras que para las pruebas oficiales de campaña el plazo general fijado se eleva a las 48 horas. Desde el departamento autonómico se precisa que estas notificaciones tienen como única finalidad facilitar la programación y coordinación de las tareas, por lo que no constituyen una autorización previa.

Con la implantación de este marco común, basado en el rigor técnico, la formación especializada y la colaboración público-privada, la Administración autonómica suma capacidad técnica para ejecutar los programas sanitarios conservando la adopción de las medidas y resoluciones que correspondan. El instrumento queda así orientado a optimizar la atención a los ganaderos, reforzar las garantías sanitarias y favorecer la competitividad de un sector estratégico para la economía y el medio rural de Castilla y León.

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