El órgano rector del Parlamento autonómico aborda una petición de reconsideración registrada por UPL-Soria ¡Ya! para reactivar el texto normativo. La organización sindical cuestiona los argumentos económicos esgrimidos por el Ejecutivo regional para frenar el debate.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Partido Popular y a Vox que rectifiquen su postura este jueves 19, permitiendo que la Mesa de las Cortes desbloquee la tramitación de la proposición de ley de agentes medioambientales. Este movimiento se produce después de que el Gobierno autonómico vetase la iniciativa el pasado 17 de septiembre y el órgano rector del parlamento impidiera su debate el dos de octubre mediante la figura del veto presupuestario.
Ante este escenario de parálisis, y habida cuenta de la gravedad de los incendios forestales sufridos en Castilla y León durante los años 2025 y 2026, el grupo parlamentario UPL-Soria ¡Ya! ha presentado una solicitud de reconsideración. Dicha petición será resuelta en la jornada de este jueves, abriendo una vía para que el texto normativo continúe su recorrido parlamentario ante la urgente necesidad de reforzar la protección del medio natural.
Según ha explicado la agente medioambiental y portavoz de la organización sindical, Sara Mateos, tanto el Partido Popular como Vox están intentando impedir a toda costa que la regulación profesional que el colectivo lleva años reclamando pueda debatirse en el hemiciclo. Mateos ha referido que el bloqueo se sustenta en un veto presupuestario firmado por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien alega un supuesto aumento del gasto público para el ejercicio de 2026.
Desde la organización sindical han indicado que la Junta intentó justificar su negativa calculando un coste superior a los 11 millones de euros anuales, una cifra basada en situaciones hipotéticas, gastos que ya disponen de financiación y medidas que no podrían aplicarse de forma inmediata por los propios plazos que requiere aprobar y poner en marcha una ley. Con todo, el sindicato independiente ha significado que los servicios jurídicos de la propia Cámara autonómica ya habían concluido que dicho veto carecía de justificación suficiente, por lo que la proposición debía seguir adelante.
En este sentido, la central sindical ha advertido de que la herramienta del veto presupuestario constituye una facultad excepcional, limitada estrictamente a aquellas iniciativas que impliquen un incremento real de los créditos o una merma en los ingresos del presupuesto vigente. Siendo que esta circunstancia no se cumple a juicio de los letrados, impedir la discusión parlamentaria podría vulnerar el derecho de los procuradores a ejercer sus funciones representativas, amparadas por el artículo 23 de la Constitución.
Así las cosas, la portavoz sindical ha exigido directamente al presidente de la Junta y al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que permitan a los representantes de la ciudadanía debatir y votar las leyes en la institución destinada para tal fin. De mantenerse finalmente este bloqueo sobre la normativa, CSIF ha manifestado que estudiará todas las vías legales a su alcance con el propósito de defender tanto las garantías del procedimiento parlamentario como los derechos de representación política que considera afectados.
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