La Junta resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a compensar la suspensión laboral o la reducción de jornada en los centros de trabajo. El abono íntegro de las cuantías aprobadas se realiza mediante transferencia bancaria directa a las cuentas designadas.
El Boletín Oficial de Castilla y León publica este jueves la resolución de las subvenciones destinadas a los empleados afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada en centros de trabajo de la Comunidad. A través de la orden firmada por el titular de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, la Administración autonómica ha aprobado la concesión de un importe global de 865.865,86 euros que se distribuirán entre un total de 1.696 beneficiarios, entre los que figuran numerosos expedientes tramitados en la provincia soriana.
Esta línea de apoyo económico, cuya convocatoria oficial para el presente ejercicio se remonta al pasado 29 de abril de 2026, tiene como finalidad respaldar a aquellos operarios que vieron alterada su actividad profesional habitual por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Igualmente, el marco regulador ampara las situaciones derivadas de una fuerza mayor temporal o aquellas surgidas por la aplicación del mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo dentro del territorio autonómico.
Según se desprende del documento oficial, el procedimiento seguido para adjudicar estas partidas ha sido el de concesión directa, atendiendo de manera exclusiva al orden de entrada de las solicitudes en el registro correspondiente. No obstante, para determinar dicha prioridad ha resultado imprescindible que la documentación aportada por el solicitante estuviese completa, entendiéndose como tal el cumplimiento estricto de todos los requisitos fijados en las bases reguladoras aprobadas inicialmente en mayo de 2023 y modificadas en marzo de 2025.
De este modo, los trabajadores cuyas peticiones han recibido el visto bueno percibirán el cien por cien de la ayuda asignada mediante una transferencia bancaria en la cuenta designada durante el trámite inicial. Estos fondos públicos se sufragan con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2024, los cuales fueron prorrogados para el actual ejercicio de 2026 mediante un decreto aprobado a finales del pasado mes de diciembre, siendo los propios perceptores los responsables de asumir cualquier repercusión tributaria que pudiera derivarse del cobro.
La resolución administrativa también deja constancia de la otra cara del proceso, toda vez que se ha procedido a denegar la subvención a 61 solicitantes por diversos incumplimientos de la orden de convocatoria. Entre los motivos especificados para justificar estos rechazos figuran el no estar afectado realmente por un expediente de regulación, no prestar servicios en un centro ubicado en Castilla y León, superar la base de contingencias comunes de 4.000 euros establecida en las bases, no acreditar al menos 10 días de afectación durante el periodo subvencionable o superar con las ayudas el total de la retribución mensual habitual.
Asimismo, el departamento autonómico ha dado por desistidas otras 19 solicitudes adicionales, habida cuenta de que los interesados no subsanaron en tiempo y forma los requerimientos de documentación cursados por la Administración. Los listados completos con los nombres e importes asignados a los beneficiarios, así como las relaciones de expedientes denegados y desistidos, se encuentran disponibles para su consulta pública utilizando el identificador BDNS 902457 en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Para aquellos trabajadores que no estén conformes con el dictamen, la vía administrativa permanece abierta a partir de mañana. Los interesados disponen de un plazo de un mes para interponer, de manera potestativa, un recurso de reposición ante el propio consejero del ramo, cuya firma para resolver estos trámites ha sido delegada por motivos de gestión en el Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. De igual forma, cabe la posibilidad de acudir directamente a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo máximo de dos meses.
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