La normativa municipal entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia sin haber recibido reclamaciones. El texto fija una zona de exclusión de 1.000 metros alrededor del casco urbano, prohíbe la actividad durante gran parte del verano y establece sanciones de hasta 3.000 euros.
El Ayuntamiento de Beratón ha aprobado de forma definitiva la ordenanza municipal que regula el vertido de purines, estiércoles, digestatos, lodos de depuración y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero. La normativa entra en vigor este viernes tras la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria (BOPSO), una vez finalizado el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones.
El documento, firmado por la alcaldesa Carmen Lapeña Villar, tiene como objeto regular la aplicación de estos materiales en los suelos agrícolas del término municipal, derivados tanto de explotaciones pecuarias como de plantas de biogás. Asimismo, controla su almacenamiento y transporte para minimizar las molestias que estas actividades puedan ocasionar en la localidad.
Quedan sometidos a esta regulación todos los vertidos producidos en el municipio, mientras que se excluyen otros residuos orgánicos procedentes de la industria alimentaria –como conservas, producción de setas, transformación de verduras, paja o serrín–, así como el material resultante de la actividad de compostaje.
La ordenanza establece que la aplicación de estos residuos solo podrá efectuarse en fincas rústicas de labor, quedando prohibida sobre barbechos o vegetación que no vaya a ser cultivada y recolectada en esa misma campaña. Los responsables deberán tener en cuenta la dirección del viento y proceder al enterrado del material de forma inmediata, siempre dentro de las 24 horas siguientes al inicio del vertido. Se exceptúa de este enterrado la aplicación sobre sembrados, permitida desde enero hasta el 25 de abril.
En cuanto al calendario, el texto municipal fija restricciones específicas durante los meses estivales. Tampoco se permite el tránsito ni el estacionamiento de vehículos cargados por el interior del pueblo.
El Ayuntamiento ha delimitado una zona de exclusión donde queda totalmente prohibido cualquier vertido. Esta área comprende una franja de 1.000 metros de anchura alrededor de los límites externos del casco urbano. Igualmente, se establece un perímetro de exclusión de 100 metros alrededor de viviendas, construcciones industriales o agrícolas aisladas, huertos en cultivo y actividades declaradas de interés público.
Además, la normativa crea varias franjas de seguridad adicionales en torno a captaciones, pozos, manantiales, embalses y depósitos de agua potable para el abastecimiento de la población (1.000 metros), a cada lado de las carreteras de la red viaria nacional, autonómica y provincial (100 metros), alrededor del borde exterior de los montes catalogados de utilidad pública (100 metros) y 25 metros a cada lado de los caminos públicos y de las tuberías de conducción de agua para abastecimiento público.
Todas las distancias correspondientes a estas franjas de seguridad podrán reducirse en un 75% cuando el vertido se aplique mediante sistemas de inyección en el suelo, sin que se considere como tal la aplicación en superficie mediante difusores.
La competencia para sancionar los incumplimientos corresponde a la Alcaldía, que graduará las multas según la intencionalidad, la reincidencia y los perjuicios causados a la salubridad. Las infracciones se dividen en tres categorías:
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