Apoyo unánime a la protección a las familias afectadas por la crisis que se plasmará en el Decreto-ley

La invitación al consenso político del presidente de la Junta de Castilla y León, lanzada el pasado 18 de octubre durante la presentación de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis, ha obtenido respuesta, y hoy portavoces de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Mixto en las Cortes han acordado, tras reunirse con Juan Vicente Herrera, dar su apoyo al Decreto-ley, que será aprobado mañana por la Junta en Consejo de Gobierno, por el que se crea la Red de Protección y se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis y en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León.

Se alcanza así un acuerdo político unánime de apoyo al nuevo sistema de protección a las personas y familias que peor lo están pasando con la crisis económica, que se suma al gran acuerdo social alcanzado en la Comunidad con sindicatos, empresarios y entidades del Tercer Sector. Acuerdo político y acuerdo social que permite a Castilla y León contar con un "proyecto de Comunidad", apoyado y respaldado por el conjunto de la sociedad castellana y leonesa.

Las aportaciones realizadas en la negociación por los grupos parlamentarios han mejorado el planteamiento previo, incorporando iniciativas para articular una respuesta urgente, eficaz, coordinada e integral a las nuevas necesidades impuestas por la dura situación económica.

De esta forma, el Decreto-ley contempla que la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis se cree en dicha norma como un instrumento de vertebración, integración e interrelación de los 23 programas puestos en marcha para apoyar a las personas más afectadas por la situación económica actual. La Red alcanza el máximo rango normativo y se configura como una Red de Responsabilidad Pública. Con este modelo de responsabilidad pública, todos los prestadores de servicios sociales (corporaciones locales o entidades públicas o privadas financiadas total o parcialmente con fondos públicos) forman parte de un único sistema, bajo la responsabilidad de la Junta de Castilla y León.

Es la Administración Autonómica quien lidera, pero el trabajo se realiza de forma absolutamente coordinada con empresarios, tercer sector y las corporaciones locales. Para fomentar esa colaboración, fundamentalmente con las corporaciones locales, el acuerdo político recoge el compromiso de presentar una modificación del presupuesto de 2014 que permita incrementar en un millón de euros las partidas vinculadas a los programas de inclusión social desarrollados por dichas administraciones públicas.

Y, en esa línea de intensificar la coordinación, la Red Centinela de alerta infantil se incorpora a la Red para detectar y dar una respuesta rápida a situaciones de pobreza y desnutrición infantil a través de los distintos sistemas de protección social con que cuenta la Comunidad.

El Decreto-ley incorporará a la Red de Responsabilidad Pública un conjunto de servicios puestos en marcha recientemente, como son el Servicio de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, el Servicio Urgente de Distribución de Alimentos y el Fondo de Solidaridad ?cuyas aportaciones serán adicionales y no sustituirán nunca a los presupuestos públicos?. Esto significa que estos nuevos programas pasan a formar parte del catálogo de servicios que oferta la Comunidad.

Red y Empleo

Y como la mejor fórmula para la inclusión social es la integración laboral, el Decreto-ley marca la necesidad de reforzar la vinculación de la Red con el empleo de las personas más vulnerables. De este modo, se incluye, como novedad, que los futuros planes regionales de empleo contendrán medidas extraordinarias dirigidas a la contratación de las personas o familias más vulnerables, especialmente los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Este compromiso por el empleo logrará un doble objetivo. Por un lado, dar oportunidades a estas personas de conseguir un empleo que les saque de su situación de exclusión social y, por otro, evitar que otras caigan en ese proceso.

La Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios han acordado reforzar el seguimiento político de la Red de Protección. Así, de forma anual habrá una comparecencia en las Cortes para evaluar el sistema de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de la propia Red de Protección. También de forma anual se enviará al Procurador del Común un informe sobre la situación de la Renta Garantizada y sus incidencias.

Otro de los compromisos es intensificar la difusión de la Red y el conocimiento de sus programas. Por ello, se ha acordado que los equipos del Servicio de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio informen y asesoren a sus usuarios sobre los requisitos para acceder de forma temporal a viviendas disponibles de promoción pública de titularidad de la Administración Autonómica. Además, los profesionales de los Servicios Sociales informarán a los usuarios de la posibilidad de acudir al Procurador del Común para defender sus derechos y la página web de la Junta incluirá un apartado específico para informar sobre la Renta.

Al tratarse de medidas urgentes y derivadas de una situación excepcional, para garantizar su cobertura hasta que sea preciso, se ha acordado vincular el mantenimiento de determinadas medidas urgentes del Decreto-ley, al menos, hasta que el Producto Interior Bruto regional crezca por encima del 2 % interanual.