ASAJA pide que la mitad de las ayudas directas de la Junta a las opas, 440.000 euros, se destine a las cámaras
La partida presupuestaria prevista por la Consejería de Agricultura y Ganadería para 2013 como ayuda directa a las organizaciones profesionales agrarias regionales es de 880.000 euros, que se distribuyen entre las cuatro OPAS reconocidas, de acuerdo a su representatividad, marcada legalmente por los votos recibidos en elecciones agrarias. Por tanto, la propuesta de ASAJA es que el 50% de esta ayuda, es decir, 440.000 Euros, se destinen a financiar las cámaras, "confiando en que lo antes posible la Junta de Castilla y León vuelva a asumir sus responsabilidades en la financiación de estas entidades de servicio a los agricultores y ganaderos".
"La apuesta de ASAJA por las Cámaras Agrarias ha sido decidida desde siempre, y la participación de nuestra organización fue definitiva para sacar adelante, en 1995, la Ley de Cámaras Agrarias de Castilla y León, cuando otros no confiaban en su futuro", afirma la organización. Asegura que siempre ha tenido claro el doble papel de estas entidades de derecho público: prestar un servicio eficaz a las juntas agropecuarias locales, atendiendo por tanto a los intereses de los agricultores y ganaderos de las nueve provincias de Castilla y León; y segundo, mantener su patrimonio, tanto a nivel municipal como provincial.
Para ello estas entidades contaban con un personal técnico, tanto de la administración como propio, cuyo número fue determinado e impuesto por la misma Consejería de Agricultura y Ganadería, atendiendo al número de juntas agropecuarias locales existentes en cada provincia.
Ante la situación de crisis económica y la bajada de los presupuestos de la Consejería, tanto en los presupuestos de 2012 (que se conocieron avanzado casi la mitad del capítulo) como de 2013, ASAJA consideró totalmente inviable el desarrollo de la actividad normal en cámaras agrarias, incapaces de cumplir los cometidos que les marca la propia ley que las regula. ASAJA ha reiterado una y otra vez la necesidad de que la Consejería de Agricultura asuma sus responsabilidades en la financiación de las cámaras, como legalmente le corresponde.