Asden afirma que la Comisión de Prevención Ambiental debería actuar de acuerdo a criterios técnicos, administrativos y jurídicos, y no bajo presiones o argumentos políticos. "La CMA en este caso vuelve a demostrar la falta de objetividad y de rigor en el funcionamiento de la administración ambiental en Castilla y León, contribuyendo al desprestigio de la administración y a que la sociedad desconfié de su teórica función de defender los intereses generales.
ASDEN insiste en que "hemos demostrado y denunciado en vía administrativa y judicial el incumplimiento del Proyecto de Actuación respecto a la norma legal (Ley 6/2007 de la CMA) que regula este proyecto urbanístico". Esos 'errores', para nada involuntarios, en opinión de ASDEN, serían irregularidades que la empresa constructora ejecutó durante el año 2010 y 2011 y que fueron denunciadas por ASDEN.
"Ante tales denuncias la Juntase ha esforzado y se sigue esforzando por desmentir y por maquillar la realidad mediante actos y documentos de ingeniería administrativa y jurídica en los que usan eufemismos como: modificación no sustancial, corregir errores,reajustar contenidos, y adaptarse a las circunstancias físicas del terreno y a la legislación actual, cuando en realidad no ha cambiado la legislación ni la realidad física del terreno", explica Asden.
Bajo estos eufemismos ininteligibles para un profano en materia urbanística, "se esconde una legalización anómala y perversa en tanto que tales modificaciones ya han sido ejecutadas. Todo ello sin haber abierto el preceptivo y obligatorio expediente sancionador ni habiendo exigido responsabilidades penales, administrativas ni económicas a las personas, autoridades, funcionarios o empresas que las han cometido o tolerado".
Esas ?modificaciones? aprobadas hacen referencia a cambios del trazado de calles y colectores, de la ubicación de infraestructuras de tratamiento de aguas y de las dimensiones arquitectónicas del Edificio de la Cúpula de la Energía. Es decir un cúmulo de muchas ?modificaciones? cuya tolerancia sería impensable en cualquier proyecto urbanístico o arquitectónico promovido por un particular ajeno a los poderes políticos, económicos y administrativos, asegura Asden.
La CMA es una anomalía posible porque la Junta de CyL es el promotor de la obra, en opinión de Asden, "pero también es el inspector que la controla y el que la legaliza. Por supuesto no hay que olvidar que la Junta es también la entidad que se está gastando 100 millones de euros de nuestros impuestos, (o en su caso de insostenible deuda pública) en ese proyecto que va a incrementar los activos tóxicos inmobiliarios públicos, con más de 800 chales en detrimento del medio rural, que está sufriendo severos y graves recortes en servicios básicos como son sanidad, educación y servicios sociales", añade Asden.