Asden presenta alegaciones a la nueva gestión de reservas regionales que pretende la Junta

Esta modificación reglamentaria, según Asden, tiene como verdadera finalidad el de legalizar el nuevo modelo de gestión y financiación compartida de las Reservas Regionales propuesto por la Junta de Castilla y León, dejando la puerta abierta a la privatización del personal y de gran parte de la gestión de las reservas regionales.

La excusa para este cambio es el "nefasto balance económico de las reservas". Un flagrante ejemplo de esa mala gestión económica, para Asden, son las casas de las rReservas regionales, como es el caso de la Casa Museo (uno más) de El Quintanarejo, en Vinuesa, que se está deteriorando tras dos años sin uso conocido, y cuya inversión se quiere destinar ahora a sala de despiece del gran número de hembras de corzo que se van a cazar en avanzado estado de gestación.

"La responsabilidad de esta mala gestión económica y notorios despilfarros, no es ni ha sido asumida por ninguno de los responsables administrativos ni políticos de las reservas que, por cierto, hasta hace poco presumían de gestión modélica", apunta Asden.

Al respecto de la nueva regulación de las reservas regionales, Asden ha alegado que el cambio que se pretende contiene numerosos errores jurídicos; mantiene en vigor la ley y normas que afectan a las reservas regionales, que son previas a la Constitución Española, y que además son contradictorias con la actual Ley 4/96 de la Caza en Castilla y León.

Asden también apunta que la actividad cinegética se debe supeditar a la ?finalidad de promover, fomentar, conservar y proteger determinadas especies, subordinando a esta finalidad el posible aprovechamiento de su caza?, que establece la Ley 37/1966, sobre creación de reservas nacionales de caza. Finalidad que después de 47 años no se ha cumplido, "es notorio que especies que han sido consideradas cinegéticas dentro de la reservas regionales han reducido notablemente sus poblaciones, como es el caso del oso pardo, el urogallo y la perdiz pardilla (esta última existente en la Reserva de Urbión), por causa de la caza ejercida en las reservas regionales, apunta Asden.

"Lo cual significa que la gestión no es ni ha sido correcta y que por lo tanto debe ser profundamente modificada, aspectos que este proyecto no cuestiona ni plantea", lamentan los ecologistas sorianos.

La mala gestión cinegética desarrollada en la reservas también se muestra en el elevado furtivismo local o de comercio de trofeos. Esta nueva regulación obvia estas cuestiones y no las intenta solucionar, advierte Asden.

Por otro lado, en este proyecto de decreto se quiere modificar una serie de cuestiones aparentemente menores, que ya están reguladas y reglamentadas en la actual legislación autonómica de caza, y que van suponen un grave perjuicio e inseguridad física para el resto de usuarios del medio natural y rural.

"Nos referimos a la regulación de la caza en carreteras, caminos, y otras zonas 'de seguridad', consideradas legalmente como terrenos no cinegéticos que están sometidos a usos y disfrutes públicos que son incompatibles con la caza, recalca Asden.

Los ecologistas explican que las carreteras, las vías pecuarias y el dominio público hidráulico tiene su propia regulación legal, que no puede ser contrariada por la Ley de Caza, y cuya ocupación y aprovechamiento cinegético debe ser autorizado por el correspondiente órganos o administración competente de forma singularizada y motivada en función de un interés general que no se corresponde con la caza.

Es decir, de aprobarse este proyecto de decreto se estaría contraviniendo la norma superior (Ley 4/1996) o la ley de Carreteras; "y una vez más la Junta de Castilla y León demostraría su contumacia en el desarrollo irregular de la normativa en materia de caza, obligando a los ciudadanos a recurrir en vía judicial, demostrado en numerosas ocasiones la invalidez de esas normas".

Para Asden, es llamativo que la Junta de Castilla y Léon destine recursos legislativos a modificar la reglamentación de estas cuestiones cinegéticas, y en cambio lleve por lo menos 17 años sin desarrollar otros aspectos básicos e importantes previstos en la ley, para el correcto desarrollo de la caza y su compatibilidad y respeto con otros derechos.

Recuerda que no se ha regulado lo relativo a la obligación de realizar un examen para poder cazar después de 17 años; que no existe el Registro Regional de Infractores; que no se ha regulado el consumo de alcohol y nivel de alcoholemia durante la actividad de caza; que se permite cazar en los días de nieve; o que no hay personal específico destinado a las funciones de control y vigilancia de caza fuera de las reservas regionales, al menos en la provincia de Soria, en donde se retiró injustificadamente a las patrullas de agentes forestales que realizaban casi en exclusiva tales funciones. Su desaparición en Soria es uno de los motivos por los cuales el furtivismo es más elevado en esta provincia, considera Asden.