Barcones califica de "bochornosa" la "degradación" de las instituciones de Castilla y León con el nuevo protocolo de aborto

El nuevo protocolo de aborto anunciado la pasada semana por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha destado la polémica en todo el país. El Gobierno de España ya ha manifestado su rechazo a estas nuevas medidas, todavía no implantadas y mantiene una posición clara sobre el asunto. "Garantizar a las mujeres de Castilla y León que se respeten los derechos establecidos en la Ley Orgánica y también dar seguridad jurídica a los profesionales", ha asegurado esta mañana Virginia Barcones, delegada del Gobierno en la Comunidad.

"El Gobierno de España ha hecho dos requerimientos a la Junta de Castilla y León donde se solicita toda la información. El PP y Vox tienen que hablar entre ellos y ponerse de acuerdo", ha referido Barcones sobre la entrada en vigor o no y la obligatoriedad de estas medidas. "A mí como castellana y leonesa me produce bochorno ver cómo se está degradando el nombre de las instituciones de Castilla y León", ha añadido.

La Delegada del Gobierno ha recordado que el anuncio se produjo en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Institución regional, donde se hacen públicos todos los acuerdos tomados en dicha reunión. Además, añade que Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León y miembro del PP, también participó en esta rueda de prensa "y yo no veo que el portavoz le corrija o le desmienta".

"El Gobierno garantiza la legalidad vigente en Castilla y León" y evitará que aquellas personas que decidan interrumpir su embarazo y los propios profesionales sean "coaccionados y todos estos supuestos que nuestro Código Penal detalla con absoluta claridad", según ha reiterado Barcones. Sin embargo, no ha querido concretar si se baraja o no la implantación del artículo 155 de la Constitución en Castilla y León a raíz de este protocolo, asegurando que "el Gobierno lo ha dicho claro, a partir de ahí vamos a esperar que la Junta remita la documentación que le ha sido solicitada". "Sería conveniente que el señor Mañueco se siente con sus socios, todos conforman la Junta, y de una vez por todas zanje este bochornosos espectáculo que denigra nuestras instituciones. La manera en la que se zanja es clara", ha concluido.

Restos franquistas en la provincia

La Delegada del Gobierno ha explicado que en Castilla y León "también se va a cumplir la legalidad vigente" en lo relativo a los vestigios franquistas que todavía se conservan en la provincia. "Les guste a aquellos que dirigen la Junta o no, en Castilla y León se va a cumplir la ley, esperemos que se haga de forma voluntaria, que es lo propio en un estado de derecho", ha añadido. "Deben tener algún problema con la normativa vigente en general", ha señalado, asegurando que "acumulan intentos de eludir la normativa".