El equipo de gobierno de Diputación Provincial no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, conocida días atrás, que anula la decisión del Pleno de Diputación de suprimir el puesto de administrador de la residencia de mayores de Navaleno, que ocupaba Lourdes Revuelto. Esta empleada fue despedida, tras una denuncia presentada por sus compañeros por una supuesta actitud censurable, pero los tribunales obligaron a la institución provincial a readmitirla.
El presidente de Diputación, Antonio Pardo, ha anunciado que no recurrirá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por el que se anula la decisión de amortizar el puesto de administrador de la residencia de Navaleno, que ocupaba Lourdes Revuelto. Se da la circunstancia que el Pleno aprobó la supresión de ese cargo, y que luego la trabajadora afectada tuvo que ser readmitida, por sentencia de los tribunales, después de ser despedida.
Posteriormente, al comprobar que su puesto en la residencia de Navaleno estaba anortizado, la afectada denunció a los diputados que participaron en la votación, que supuso la eliminación de su puesto de la RPT de la plantilla de Diputación.
Esta noticia de que no se recurrirá a casación, dada por Pardo, ha sido bien acogida por la Corporación provincial, ya que supone un alivio para todos los representantes provincial, que ven en este anuncio una manera de dar carpetazo a un litigio laboral que dura años, y que ha costado mucho dinero a la institución.
Pardo insiste en que las actuaciones tomadas en este conflicto judicial y laboral no responde a una persecución en la persona de Lourdes Revuelto, sino a una defensa de los intereses de la institución. Además, matiza que el fallo del Tribunal Superior argumenta la anulación de la decisión de suprimir el puesto de administrador a cuestiones formales, por no reunir a la mesa de negociación, y no a cuestiones de fondo.