El comité de empresa de la Diputación Provincial de Soria presentará el miércoles un plan para garantizar la gestión pública de las cuatro residencias de mayores que mantiene abiertas la institución. Los miembros del comité exigen la presencia del presidente Antonio Pardo, a quien acusan de ser ?el promotor de las privatizaciones?.
Los representantes de los trabajadores mantienen la viabilidad de una gestión pública, máxime ?cuando la institución está saneada y cuenta con un superávit de ocho millones de euros?.
El equipo de gobierno de la Diputación provincial de Soria anunció a principios de año la intención de externalizar los servicios en las residencias de ancianos por no poder asumir los seis millones de euros de déficit anuales.
La intención de la Diputación soriana es seguir cobrando a los residentes, gestionar la asignación de plazas y llevar un control sobre las residencias, "porque se trata de externalizar la gestión". Desde el equipo de gobierno provincial se asegura que ?ninguno de los sorianos se quedara sin atender por falta de recursos?.
Desde la institución provincial se informa que cada plaza que mantiene la Diputación cuesta 28.332 euros anualmente, mientras que el promedio de ingresos por residente se eleva a 8.484 euros al año. La Diputación acarrea un déficit por residente de casi 20.000 euros anuales, según los datos aportados por la institución provincial.