Integrantes de los representantes de los trabajadores del comité de empresa de la Diputación se han encerrado en la tarde de este jueves 14 de febrero en el Palacio Provincial, en un gesto con el que pretenden ?escenificar? la repulsa de los empleados de los geriátricos de la institución, ante la finalización este mismo viernes, del plazo para la externalización de estos centros.
El presidente del comité, Ildefonso Núñez, señaló instantes previos a su entrada en el Palacio Provincial para pasar allí la noche, junto con sus compañeros, que de este modo ?estamos pidiendo la rectificación del señor Pardo porque estamos a tiempo todavía de pueda hacerlo y a través del diálogo, ver qué posibilidades de ahorro pueden haber todavía antes de que se materialice la privatización?.
También indicó que las peticiones del comité, ?que ahora estamos escenificando con este encierro? no se verán alteradas, ?no daremos marcha atrás?, aseguró, pidiendo al presidente ?que reflexione?, ya que de continuarse el proceso previsto se mantendrán las movilizaciones y también las acciones judiciales.
Así mismo, avisó a las empresas, de las que dijo acudirán en buen número a la adjudicación por ser ?algo muy apetecible? en función de las cláusulas propuestas, que ?no nos entregaremos en sus brazos como corderitos?, ya que avanzó que la lucha continuará ?desde ahora hasta que se materialice la privatización, si se llega a este punto?, instándolas a ?que se lo piensen?.
En este mismo sentido, recordó que se encuentran en la vía administrativa tanto el reglamento como los pliegos, ?y una vez se materializa, el presidente se encontrará en un proceso de judicialización de todos los trabajadores, estén o no sindicalizados?.
Por otro lado, dejó claro que los salarios que están cobrando los empleados de estos centros son ?de mil euros?, matizando que antigüedades laborales rozan los 1.800, con lo que si se cumplen las previsiones de recortes de salarios en torno al 30%, según las apreciaciones sindicales, y una vez se lleve a cabo la concesión, las nóminas serán de ?600 ó 700 euros, con lo que ante esta perspectiva los trabajadores han dicho lógicamente que no?.
Antes de la entrada de los sindicalistas en el Palacio Provincial, se dio lectura a un manifiesto en el que se apuntaba al presidente de la institución, Antonio Pardo, cuyas decisiones ?son contrarias a cualquier lógica social, e incluso la justificación económica que este da, carece de sentido?. Además, en defensa de la gestión pública, también se refirió a que los empleados ?no somos unos vagos, ni unos absentistas, ni unos privilegiados?, apelando de paso a su profesionalidad y experiencia.
Igualmente, el manifiesto incidió en el dirigente provincial, quien ?en lugar de mejorar su gestión para reducir costes, prefiere dar lo que no es suyo, sino de todos, para que algunos hagan negocio. Nos encerramos hoy porque las residencias no son un negocio, sino una inversión social para nuestra provincia y eso no tiene precio?.
Para concluir, se pidió la retirada de ?insultos y descalificaciones? vertidos hacia los trabajadores, y se mostraron ?orgullosos de nuestro trabajo y del servicio público que prestamos?.
La mitad de los miembros del comité de empresa están en las dependencias de la Diputación en la capital, mientras que el resto lo hará en los cuatro centros residenciales de titularidad provincial, que están en Ágreda, El Burgo de Osma, Navaleno y El Royo.