De esta manera, se confirma la paralización provisional que había ordenado el Juzgado, lo que supone un revés para la hoja de ruta de la Diputación, que a finales de junio dejaba la residencia de Navaleno, con los trabajadores y los residentes trasladados.
Se acepta así la demanda de la trabajadora Lourdes Revuelto, que se quejaba de que no existía ninguna plaza de su categoría a la que poder acceder en ese concurso de traslados. Por ello, la sentencia considera se ha vulnerado el derecho de igualdad y no discriminación, de acuerdo con la normativa vigente. Ahora, la Diputación puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque habrá que conocer la reacción de la Diputación Provincial, y lo que supone esta sentencia para el proceso que está llevando en la gestión de las residencias.