El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha mantenido esta mañana una reunión con los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) en relación a la situación del lobo en Castilla y León y las múltiples iniciativas y medidas que permitan compatibilizar la conservación del lobo con la protección de la ganadería y la viabilidad económica de las explotaciones. La reunión ha girado sobre tres asuntos fundamentales en relación al lobo en nuestra Comunidad: los avances en la gestión del lobo, los efectos de las sentencias del Tribunal Supremo, y el cronograma de la modificación de la normativa que regula el Plan de Conservación y Gestión del Lobo.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha renovado el compromiso de trabajo conjunto con fluidez, transparencia, participación e información así como el objetivo inequívoco de avanzar en el planteamiento y la búsqueda de soluciones que permitan acercar posturas en defensa de los intereses con el fin último de minimizar las consecuencias negativas que la conservación del lobo en nuestra Comunidad pueda tener sobre la viabilidad de las explotaciones ganaderas. Silván ha recordado que se cuenta con un foro permanente de debate, el Comité Técnico de Seguimiento del Plan. De todas formas, se ha comprometido a reforzar las tareas de participación e información a las OPA en todas aquellas cuestiones en las que la Administración vaya avanzando. Asimismo, se ha comprometido a acercar los puntos de vista e intereses entre los colectivos afectados (conservacionistas, agricultores, ganaderos y cazadores).
El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha recordado a las OPA la solicitud realizada a la UE, a través del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la propia Junta de Castilla y León, para modificar la Directiva de Hábitats con el fin de que la población del lobo en Castilla y León tenga una única consideración jurídica incluyendo las poblaciones al sur del Duero como sujetas a planes de gestión. La UE ha aplazado esta petición alegando que la futura decisión estará supeditada a una aplicación más global sobre el conjunto de la directiva. No obstante, la UE recomienda seguir realizando, excepcionalmente, controles y capturas del lobo al sur del Duero por daños al ganado.
Por otra parte, y con el fin de mejorar el conocimiento de la especie, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente está elaborando un nuevo censo del lobo que estará disponible a principios del próximo año 2014. Los trabajos de campo del censo se están llevando a cabo en su totalidad por personal propio de la Junta. En el mismo están participando más de 600 agentes medioambientales y celadores bajo la supervisión de más de 30 técnicos de la Consejería. Ya se ha elaborado el trabajo de campo en las diez reservas regionales de caza y del sur del Duero y este año completaremos el resto del territorio de la Comunidad.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha mejorado el sistema de gestión y control de la especie flexibilizando la ejecución de los cupos de caza al norte del Duero. Se ha elaborado una nueva instrucción para el reparto de los precintos replanteando el sistema de reparto de cupos de caza entre los cotos dotándolo de mayor flexibilidad para aumentar la efectividad. En la temporada 2012-2013, se estableció un cupo máximo de 138 ejemplares mediante una distribución comarcal. De esta forma, se han distribuido los cupos entre los terrenos cinegéticos que tienen autorización de aprovechamiento del lobo por sus correspondientes planes cinegéticos, teniendo en cuenta como objetivos la minorización de daños y la máxima oportunidad de ejecución de los cupos. En todo caso, sin superar el cupo establecido por comarca. Mediante este nuevo sistema, se ha incrementado en un 37 % las acciones cinegéticas, realizándose abatimiento por acciones de caza de 74 lobos, frente a los 54 de la temporada anterior.
Para la próxima temporada, 2013-2014, el incremento o no de los cupos se realizará, por las estimaciones poblacionales anuales así como por los datos preliminares actuales del nuevo censo. Los cupos se fijarán en los planes de aprovechamiento comarcal.
Al sur del Duero en la presente temporada se han abatido por acciones de control y mediante autorizaciones expresas, tal y como dispone la Directiva de la UE, cuatro lobos. Para la próxima temporada, se realizarán autorizaciones excepcionales en función de los daños, tal y como determina la UE, y serán llevados a cabo bajo la supervisión de la autoridad medioambiental.
La Junta de Castilla y León aprobará próximamente la normativa que regula la alimentación de determinadas especies necrófagas de fauna silvestre con subproductos animales no destinados al consumo humano en Castilla y León. La nueva regulación se está tramitando conjuntamente por las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería.
La nueva regulación establece distintas modalidades de alimentación de especies en peligro o protegidas. Entre ellas, se permitirá por la autoridad de sanidad animal, previa comprobación del órgano competente de gestión de fauna silvestre, cuerpos o enteros y o parte de animales muertos procedentes de determinadas explotaciones animales ubicadas en dichas zonas.
Esta iniciativa no implica autorizar de manera general el abandono de animales muertos en el campo sino que se establecen estrictos requisitos de carácter sanitario y ambiental para garantizar que se cumple el objetivo fundamental que es proteger a las poblaciones de determinadas especies silvestres, manteniendo un elevado nivel de garantía sanitaria.
La Junta ha conocido este mes el fallo de dos sentencias del Tribunal Supremo, que acata y respeta, sobre los recursos de casación interpuestos a sendas sentencias del tribunal superior de Justicia de Castilla y León, relativas a la gestión del lobo en nuestra Comunidad.
En primer lugar, y por lo que se refiere a la primera de las sentencias, emitida a raíz de un recurso planteado por la organización Ecologistas en Acción de Castilla y León sobre el aprovechamiento cinegético (la caza) en la Comunidad, conviene resaltar que el Tribunal Supremo no anula el Plan de Gestión del Lobo ni prohíbe su caza en Castilla y León, sino que únicamente anula los artículos 4.c), 8, 14 y 19 del mismo, en lo que se refieren a la posibilidad de que la población de lobos al Sur del río Duero pudiera ser objeto de caza. En este sentido la Junta de Castilla y León ya estaba cumpliendo escrupulosamente este planteamiento, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, fijando cupos cinegéticos únicamente al norte del Duero.
Al sur del Duero únicamente se autorizan controles poblacionales de carácter excepcional, previa comprobación de los daños al ganado, bajo el estricto control de las autoridades medioambientales. Tales controles excepcionales podrán seguir siendo realizados en las mismas condiciones, en aplicación directa de la legislación vigente en materia de conservación de la biodiversidad.
Es decir, que la gran mayoría de la población de lobos de Castilla y León, la que se sitúa al norte del río Duero, continúa siendo especie cinegética, y sobre esta cuestión la sentencia no ha introducido ninguna objeción. Conviene asimismo aclarar que la sentencia no tendrá efectos prácticos en este sentido, pues realmente la Junta de Castilla y León sólo fija cupos cinegéticos al norte del Duero.
Por otro lado, y en relación con la segunda sentencia, emitida a raíz del recurso planteado por la Coordinadora Agraria (Coag) de Castilla y León, sobre la compensación de los daños a la ganadería producidos por el lobo, es también necesario clarificar que la sentencia anula determinados apartados del artículo 12 del Plan de Conservación y Gestión del Lobo, por entender que entraba en contradicción con la normativa sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Según establece la sentencia, los daños producidos por el lobo continúan teniendo el mismo tratamiento que los de cualquier otra especie cinegética, en lo que se refiere al norte del río Duero, y tendrán el correspondiente a cualquier otra especie protegida, cuando se trate de daños acaecidos al sur de dicho río. Es decir, conforme al régimen general de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Desde la Junta de Castilla y León, se está buscando el procedimiento más ágil posible. Cabe recordar que la sentencia establece la responsabilidad patrimonial de la Junta al sur del Duero por tratarse de una especie protegida por lo que bajo ningún concepto la Junta asumirá los daños producidos por perros asilvestrados al no ser considerados especies protegidas. De todas formas, la Junta podrá autorizar controles de dichos perros, conforme al procedimiento habitual.
En todo caso, y desde el absoluto respeto y acatamiento de la sentencia, conviene recordar que el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León fue aprobado con el conocimiento y respaldo de los responsables en biodiversidad de la Comisión Europea, a los cuales se les consultó previamente a su aprobación. En este sentido, cabe destacar que recientemente la Unión Europea ha vuelto a respaldar la actuación de la Junta considerando que al sur del Duero se pueden realizar controles poblacionales tras comprobación de daños y por la autoridad medio ambiental tras las petición del MAGRAMA y de la Junta de Castilla y León a la Comisión Europea de Medio Ambiente para fijar una única consideración jurídica del lobo.
También es importante señalar que la Junta de Castilla y León garantiza la compensación de los daños ocasionados a los ganaderos mediante la convocatoria anual de las ayudas que compensan las franquicias de los seguros contratados por los ganaderos y los daños (lucro cesante y daños indirectos) ocasionados por los lobos y perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino, caprino y equino con el fin de que estos daños no repercutan en la viabilidad de las explotaciones. Independientemente de ello, la Junta asume el pago de la totalidad de los daños producidos en las reservas regionales de caza y en las zonas de caza como titular cinegético de las mismas.
El sistema cubre los daños tanto al norte como al sur del Duero sea cual sea su titularidad cinegética. Permite dar una misma consideración a efectos de compensar daños a las poblaciones tanto al norte como al sur del Duero. Cabe señalar que si no existiera el sistema de seguros al norte del Duero los responsables serían los titulares cinegéticos dado que los daños recaerían en esos titulares, ayuntamientos, particulares y en muchos casos en los propios cazadores. Además, se compensan los daños producidos por perros asilvestrados.
Asimismo, la Junta de Castilla y León ha impulsado la creación de un seguro específico que pretende minimizar los daños y las consecuencias de los ataques cubriendo los daños con un menor coste, con mejores condiciones y prestaciones, y con la garantía de pago más rápido para seguir atendiendo a nuestros ganaderos de forma efectiva y más rápida.
Mediante este seguro específico, se agiliza la compensación de los daños garantizando un plazo máximo de entre 30 y 60 días desde que se produce el siniestro. Además, el ganadero puede suscribir una póliza en condiciones más favorables con un menor coste para el ganadero (pólizas más baratas), con primas por cabeza de ganado de entre 0,35 euros (ovino/caprino) y 1,75 euros (vacuno/equino); sin recargo por siniestralidad y con importantes bonificaciones por no siniestralidad. Este seguro se puede suscribir de forma voluntaria e individual por los ganaderos que lo deseen sin perjuicio de que el resto de pólizas existentes en el mercado que cubran este tipo de siniestros mantengan la validez para acogerse a las ayudas.
El consejero también ha trasladado a las OPA el cronograma para la modificación del Plan de Gestión del Lobo. En este sentido, se estima el inicio del trámite de información pública y audiencia a los interesados a primeros de junio. A lo largo del mes de junio, se celebrarán reuniones con los principales agentes afectados, las OPA, conservacionistas y cazadores. Posteriormente, se reunirá el Comité Técnico de Seguimiento del Plan para emitir el informe preceptivo, se someterá a los diferentes órganos consultivos y administrativos hasta su aprobación prevista para finales del presente año 2013.