El pacto de liberados sindicales de la región reduce el número de 950 a 658
El Gobierno de España dio luz verde este verano al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que derogó todos los convenios existentes en materia de representación sindical. De ahí que sea necesario suscribir un nuevo pacto que sustituya al que estaba en vigor, que data de 2006 y que fue modificado en febrero de 2012.
El Real Decreto Ley estatal también estableció límites a las liberaciones sindicales en las administraciones públicas. Este mandato no tiene incidencia en la Junta, porque la Consejería de Hacienda se adelantó a esa obligación y hace 10 meses acordó con los representantes de los trabajadores una rebaja del 31% que se haría efectiva entre 2012 y 2013. Es decir, que el número de liberados debía pasar de 950 a 658 en dos fases: el 40% menos este año y el 60% restante el que viene.
La disminución es compatible con los preceptos que establece el Real Decreto Ley. Ahora bien, el acuerdo introduce como novedad que anticipa la reducción de los liberados al próximo 1 de diciembre. Así será en todos los ámbitos de la Administración autonómica salvo el personal docente, que tendrá de plazo hasta el 31 de julio de 2013 para hacerla efectiva con el fin de hacerla coincidir con la finalización del curso escolar.
Junto a esto, el nuevo Pacto sobre Derechos de Representación Sindical elimina la cláusula de reversión ligada al crecimiento de la economía que se introdujo en la reforma aprobada a primeros de este año. Esta disposición determinaba que se retornaría a la situación inicial de liberaciones sindicales si el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad superaba el 2,5% durante dos trimestres consecutivos.
Conviene recordar que la representación de los empleados públicos está regulada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y, en lo declarado vigente, por la Ley de Órganos de Representación, de Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En Castilla y León, además, existe un acuerdo específico que se firmó por primera vez en 2006, fue modificado en febrero de 2012 y ha sido sustituido en virtud de la decisión adoptada hoy.
De hecho, la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas establece que los pactos, convenios o acuerdos entre la Administración de Castilla y León y los agentes económicos y sociales sean sometidos a la aprobación de la Junta con carácter previo a su firma, trámite que se ha cumplido esta mañana. El documento será suscrito inicialmente por CSI-F, UGT, CCOO y FSES, pero en su cláusula adicional cuarta contempla la posibilidad de que puedan adherirse a él otras centrales sindicales siempre y cuando lo hagan durante el primer año.
El acuerdo, que estará vigente hasta 2015 y supone un ahorro de 13,6 millones de euros anuales para las arcas autonómicas, se ha pactado con las organizaciones representadas en la Mesa General de Empleados Públicos, compuesta por los sindicatos mencionados.