Con gritos como ?Dimisión?, ?Somos personas?, ?Manos arriba, esto es un atraco?, ?Cobardes? o ?Esto nos pasa por tener un gobierno facha?, los cerca de cuarenta empleados municipales que se encontraban este jueves 27 de diciembre en el salón de plenos y que pertenecían al sistema sanitario de la antigua MUMPAL (Mutualidad de Funcionarios Municipales) ya extinta, han dado la bienvenida a verse forzados por la decisión plenaria de ser integrados en el sistema nacional de salud. Una decisión esperada que ha adoptado el Pleno municipal con la abstención del Partido Popular.
En repetidas ocasiones, el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez Mínguez ha tenido que llamar la atención a los congregados por esta postura de disconformidad, que también han hecho sonar sus tacones contra el suelo del salón municipal.
El concejal del Partido Popular Alberto Rodríguez, pidió la retirada del punto del día, al igual que se hiciera en la anterior sesión, indicando que se estaba actuando de forma irresponsable y el carácter urgente del pleno no era tal, ya que las cláusulas de rescisión de estos contratos asistenciales tienen un plazo de rescisión de dos meses ?como mínimo?. Sumó a ello que los funcionarios no entendían que esta medida se tomaba sin la existencia de estudios de viabilidad. También denunció que esta decisión ya se conocía por el equipo de Gobierno municipal hace tres meses habiéndose comunicado hace escasos días a la junta de personal, a los empleados y al propio grupo de la oposición.
Así mismo, preguntó si se estaba al corriente de los pagos con la compañía aseguradora. Y también puntualizó que si el ahorro previsto es de 200.000 euros al año, cuestionó por qué no se hizo antes para alcanzar un ahorro de un millón de euros. De igual modo, también expuso la posibilidad de que esta medida podría dejar sin asistencia sanitaria a los 124 empleados afectados este mismo 1 de enero.
Por su parte, el portavoz socialista en el Gobierno municipal, Luis Rey, explicó que la medida que se adoptaba ahora habría sido la misma pasados unos meses, con lo que ?el problema se va a producir? pasados ?ocho o diez meses?. En su alocución, interrumpida por los funcionarios afectados allí presentes, reseñó también que debía hacerse por la totalidad de los asociados a este sistema de sanidad privada y abogó por el sistema nacional de salud que cuenta con la garantía de 17 millones de personas en el país. Además, puso de manifiesto que no todos los empleados dentro de la sanidad privada en el Ayuntamiento querían asumir el copago ?y con ello romper el equilibrio del contrato con la empresa?. Igualmente, significó que el proceso de negociación había contado con la participación con los funcionarios y los sindicatos y señaló también que la decisión adoptada respondía a ?una cuestión de prioridades?. Prioridades que pasaban por poder ?generar y mantener más empleo? en el ámbito municipal.
Por su parte, el presidente de la mesa de personal, Javier Guerrero apuntó al equipo de Gobierno por decidir de manera ?mancomunada? esta acción que les excluye de la atención sanitaria gestionada desde el sector privado.