El PSOE denuncia un retroceso brutal en los derechos de los dependientes por la nueva legislación
La secretaria de Asuntos Sociales del PSCyL y portavoz de Familia en las Cortes de Castilla y León, Marta Olmedo, ha denunciado este lunes en Soria que los recortes de la Junta y del Estado en materia de Dependencia suponen un retroceso ?brutal? en los derechos de los dependientes, lo que supone un ?bloqueo del sistema? asistencial en la Comunidad y la ?vuelta a beneficencia, poniéndose en riesgo los servicios sociales?.
A su juicio, la profesionalización de los servicios asistenciales supone además ?un ataque frontal para los cuidadores en el entorno familiar?, ya que según ha explicado, se ha pasado de percibirse por estas labores 374 euros a los 32, y pacientes con un grado 3 de dependencia, han pasado a percibir 108 frente los 489 anteriores.
Un hecho al que se suma también la retirada de la Seguridad Social para quienes se ocupan de familiares, principalmente mujeres.
Siguiendo con este tema, el portavoz del Grupo Socialista en materia de Familia en las Cortes regionales, Jorge Félix Alonso, ha reseñado que desde agosto, estas medidas han hecho que 329 personas en Soria hayan visto perdida la cotización a la Seguridad Social, añadiendo que la provincia ?ha perdido 1,42 millones de euros en gastos a la Dependencia?, lo cual supone que ?las familias deberán pagar más para hacer frente a estos recortes o las que no puedan se quedarán sin servicios?.
También ha aludido a que muchas familias se surtían de estos ingresos por el cuidado de algún pariente, lo que ahora no se dará, aumentando con ello la mala situación económica.
De igual modo, siguiendo con datos de la provincia, Alonso ha significado que el mes de agosto se saldó con 64 personas menos de las 2.488 inscritas en las listas de Dependencia, un hecho que ha considerado se debe a que con la nueva normativa ?ha empezado a bajar el número de beneficiarios, cuando antes subía?. También ha hecho constar que los conciertos con residencias privadas se han reducido un 25%, con lo que muchas personas que antes no disponían de la economía suficiente para ser atendidas en estas residencias como si se tratasen de centros públicos ahora no podrán hacerlo.