El secretario de Organización del partido, Óscar López, avanza que pedirán una comisión de investigación en las Cortes regionales y también exigirán explicaciones al PP soriano por haber apoyado esta iniciativa que ha resultado ser "una chapuza que ha salido muy cara".
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López ha visitado en la tarde de este miércoles la Ciudad del Medio Ambiente toda vez que el Tribunal Constitucional fallase ayer que la ley que blindaba este proyecto catalogado como de interés general era "desproporcionada" e inconstitucional.
López, que ha estado acompañado por los procuradores socialistas Esther Pérez y Javier Muñoz, así como por el vicepresidente de la formación en Soria, Luis Rey, ha confesado que "con dolor" el Alto Tribunal les ha dado la razón. Como se sabe, medio centenar de senadores del PSOE impugnaron en 2007 la ley por la que se llevó adelante este proyecto.
En lo que ha considerado como "una chapuza legal del PP" para una ley "que no tiene ni pies ni cabeza", el líder socialista ha recalcado que no se ha creado el millar de puestos de trabajo ni tampoco se han invertido los 500 millones de euros que en principio se anunciaron. Unos incumplimientos por los que "los ciudadanos de Soria se han visto estafados". Por ello, ha exigido responsabilidades tanto a los antiguos como a los actuales consejeros y otros políticos que han tenido relación con el proyecto, y ha aludido a unas palabras de la anterior vicepresidenta, María Jesús Ruiz, impulsora de la CMA, en las que ha remitido a la Junta para dar explicaciones. También ha avanzado que exigirán el establecimiento de una comisión de investigación en el parlamento regional con el fin de conocer las causas que han llevado a la sentencia.
Aquí ha incidido en que no se debe de culpabilizar a una sola persona, sino también al presidente de la Junta, de quien ha recordado que ya visitó las obras hace unos años.
López además, ha subrayado la necesidad de la creación de empleo y se ha referido a la planta de biomasa que ya está en funcionamiento en el seno de la Ciudad del Medio Ambiente y que da empleo a 170 personas. Unos empleos que hay que conservar, a su juicio, pese a la sentencia del Alto Tribunal.
También ha exigido que las inversiones que "llevan tiempo paradas" en la provincia tengan su continuidad, en vez de haberse gastado ya 42 millones de euros mientras que la segunda fase del hospital de Santa Bárbara permanece sin ejecutarse.
Por su parte, Luis Rey ha explicado que la sentencia deja a las claras que la CMA "es un proyecto especulativo" centrado en el auge de la construcción, una actividad que ahora ya ha dejado de tener interés para la inversión privada, con lo que la paralización de las obras responde a ese "negocio urbanístico" que a su modo de ver inspiró el proyecto.