El PSOE lamenta el rechazo del PP a los recursos de los trabajadores sobre la externalización las residencias

El PSOE critica al PP, por votor sistemáticamente en contra de los recursos presentados por los trabajadores, contra la externalización de la gestión de las residencias, en la comisión celebrada este jueves. "El PP no desciende, ni siquiera a la lectura de estos textos, y opta por la negativa repetida, sin argumentos, lo que incluso le lleva a poner en duda la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio elaborada por su propio partido en la Junta, y de ámbito autonómico, una ley que incluye la posibilidad de que la administración regional se haga cargo de las residencias, reitera el PSOE.

El PSOE explica que, en la comisión, ha apoyado los seis recursos tratados, y ha insistido en que se admitiera un séptimo que, incluso, apuntaba en su redacción a la búsqueda de la mejor oferta posible, solicitando una suspensión temporal del proceso de adjudicación de la gestión de las residencias, para enriquecer el pliego.

El texto de este recurso, avalado por más de 15 trabajadores, incluye propuestas para mejorar el pliego de licitación que, Diputación, ni siquiera ha entrado a valorar, critica el PSOE. El recurso instaba a suspender temporalmente el proceso hasta estudiar estas alternativas.

Desde el PSOE, se lamenta que ?no exista comunicación, y que Pardo no tenga ni siquiera el talante de escuchar a trabajadores con ideas y propuestas, que buscan el beneficio del servicio y que, incluso, tratan de mejorar el pliego?.

En la omisión también se ha trasladado, por parte del grupo socialista, la posibilidad de suspender el proceso de adjudicación, mientras no se resuelva la tramitación que se está llevando a cabo en el Juzgado de lo Social. El PSOE lamenta, además, que uno de los informes periciales de la Inspección de Trabajo se haya conocido a través de los medios de comunicación, ?un ejemplo más de la opacidad en todo este proceso?, en alusión al informe que recoge que la circunstancia de que la subrogación debe ser consentida por el afectado.

La presidenta de la comisión, incluso, ha reconocido que no tienen conocimiento de ese informe en la Institución, afirma el PSOE. ?Es inverosímil que una prueba solicitada en un trámite, en la que esta Institución es parte implicada, no se conozca?, ha comentado la diputada Virginia Barcones.

Por toda esta cadena de incógnitas y errores, continúa el PSOE, ?les hemos advertido que no sean cabezones y que reflexionen. Les hemos pedido y aconsejado que paralicen la tramitación hasta que se resuelva o se dicte sentencia?

Por último, el PSOE ha insistido en la comisión en esperar a que el anteproyecto de Ley de Ordenación Territorial y de Servicios, que contempla la competencia autonómica de las residencias, se debata y apruebe, según la previsión del PP en verano, para después tomar una decisión tan importante como es la privatización de las residencias.

Paradójicamente, el equipo de gobierno ha contestado que no da crédito a que este anteproyecto salga adelante, explica Barcones. ?Es vergonzoso que no crean en la legislación que su propio partido ha estado elaborando en la Junta, parece que no se hablan ya que ponen en entre dicho las palabras y hechos de sus dirigentes autonómicos?, concluyó Barcones.

?Pardo, como presidente de la Diputación, ha estado en la Mesa de Ordenación del Territorio, creo que algo habrá tenido que proponer, y que algo tendrá que decirles a sus compañeros de la Junta de Castilla y León?, concluyó.

Entre otras cuestiones, el citado anteproyecto recoge la posible integración, en la administración autonómica, de las residencias de las corporaciones locales. Concretamente, la Disposición Adicional Cuarta dice que

"la administración de la Comunidad de Castilla y León podrá integrar en su red de centros residenciales de titularidad pública, las residencias de personas mayores y los centros de personas con discapacidad de titularidad de las corporaciones locales, en los términos y condiciones que se establezcan en los correspondientes acuerdos que se suscriban, y para los centros que oficialmente estén calificados como tales. La constitución de las correspondientes comisiones mixtas de traspaso se efectuará progresivamente a partir de la entrada en vigor de esta ley".

Esa disposición recogida en el anteproyecto, también indica que el "personal de estos centros asignados directa y cualificadamente a la prestación de estos servicios se integrará en la Administración de la Comunidad Autónoma, siéndole de aplicación la legislación de la función pública autonómica. Respecto al resto de medios personales que no se ajusten a la normativa autonómica o que la correspondiente comisión mixta de traspaso no valore como necesarios, las entidades locales realizarán un plan de reubicación en sus estructuras y de formación de dicho personal.

En todo lo que sea compatible por la naturaleza de los servicios a integrar, será aplicable la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León".