El grupo socialista de la Diputación planteará, en el Pleno de este viernes 5, la modificación del pliego de concesión de la gestión de la residencia de El Royo, para presentar un nuevo condicionado que plantee una gestión conjunta de la residencia de El Royo y de Navaleno, como si fuese un único centro, garantizándose así la continuidad de la residencia de Navaleno.
Así lo han anunciado Virgina Barcones y Ángel Nuñez, en rueda de prensa, que consideran que el pliego del equipo de gobierno está abocado al fracaso, porque no resulta atractivo para las posibles empresas interesadas.
Núñez ha explicado que la fusión de ambos centros permitirá una gestión más rentable, con servicios compartidos, y más flexibilidad y menos gastos, que es lo que pretende el equipo de gobierno de la Diputación. La residencia de Navaleno quedará para mayores válidos, con la inclusión de nuevos servicios de estancias temporales, algo que no existe ahora, como puedan ser vacaciones y otras necesidades.
El PSOE también plantea un coste por plaza mayor que el estipulado por Diputación, que lo había fijado en unos 30 euros para la plaza de validos, de acuerdo con la tarifa de la Junta. Por el contrario, los socialistas piden que el coste sea el señalado por el informe de Mensor, que lo concreta en unos 62 euros. De esta manera, se asegura que haya empresas interesadas en gestionar los centros.
Asimismo, se pide que se exija a la empresa la condición de contratar al personal eventual no fijo que lo desee, que esté trabajando en las residencias de la Diputación, en el momento de concretarse la concesión.
La diputada Virginia Barcones volvió a criticar la actitud que está teniendo el equipo de gobierno en el tema de las residencias, con criterios poco claros y precipitados. Lamentó que la Diputación pretenda lavarse las manos en la residencia de Navaleno, dándole la ?patata caliente? al Ayuntamiento de Navaleno; criticó que se hayan cambiado tanto, en un mes, las condiciones que marcaba el pliego de la externalización, con el que ahora quiere aprobar el equipo de gobierno de la Diputación.
En concreto, Barcones se refirió a la imposición de una inversión, para unas obras que deberían estar hechas; la inexistencia de un informe económico, que garantizase la rentabilidad de la concesión; o la circunstancia de que el personal no fijo quedaba abandonado a su suerte.