Junta, TSJ y Audiencias Provinciales abordan el desarrollo del protocolo sobre desahucios

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, se han reunido con los presidentes de las Audiencias Provinciales de la Comunidad para el desarrollo del protocolo firmado entre la Junta de Castilla y León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el pasado mes de junio para coordinar las actuaciones de apoyo a las personas en riesgo de desahucio.

Castilla y León ha sido la primera comunidad de España en impulsar un acuerdo que permite que los jueces conozcan la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por casos de ejecución hipotecaria antes de dictar una resolución al respecto. Dicho acuerdo favorecerá que los magistrados dispongan, en el plazo de 10 días, de un informe detallado de la situación social de la persona o familia en riesgo de perder su vivienda.

De este modo, en los casos en los que el juez, durante el despacho de un asunto de esta naturaleza, pudiera albergar dudas sobre la capacidad de los afectados para afrontar la pérdida de su vivienda, podrá pedir a los Servicios Sociales que emitan un informe de la situación de vulnerabilidad del afectado. El objetivo del informe es proporcionar información "actualizada y veraz", según se señala en el acuerdo, con la que el juez pueda apreciar cada situación. Con ello, los jueces de Castilla y León dispondrán de mayores garantías de protección, a la hora de paralizar procedimientos de ejecución hipotecaria.

Otro de los objetivos contemplados en el acuerdo era el de establecer una colaboración "permanente" entre ambas instituciones en materia de protección de los deudores hipotecarios, así como crear un marco de actuación e intercambio en los casos en los que se llegue al desalojo de la vivienda en la región.

Asimismo, el convenio permitirá el intercambio de información mediante la combinación de las fuentes informativas estadísticas de la Gerencia de Servicios Sociales y las del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para tener mejor conocimiento del impacto de la crisis en las familias, así como un intercambio técnico con el objetivo de buscar la máxima adecuación de las actuaciones al cambiante marco social y jurídico, por lo que se organizarán acciones formativas e informativas para la acción de los operadores, tanto sociales como jurídicos.

"Queremos que el Tribunal Superior de Justicia esté implicado en las fases preventivas", recalcó Marcos, consciente de que la labor judicial no debe remitirse en exclusiva al final del proceso, sino comenzar cuando el afectado empieza a tener problemas para pagar su hipoteca o alquiler.

Programa de apoyo a las familias en riesgo de desahucio

El programa integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, puesto en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, cuenta con 30 oficinas en la región que ofrecen información y asesoramiento tanto desde el punto de vista económico como social en estos casos de pérdida de vivienda. Marcos ha insistido en la importancia de acudir a estas oficinas o llamar al 012 antes de que la situación se haya judicializado, ya que es mucho más sencillo si se tiene capacidad e información con carácter previo a que se produzca el tercer impago.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha manifestado que este protocolo supone "una garantía más con un interlocutor nuevo, como son los jueces y magistrados de la Comunidad". En este sentido, la consejera ha aseverado que se tratará de difundir este acuerdo para que "el mayor número de jueces solicite el informe que pudiera precisar".