Junta y FRMP firman un convenio de colaboración para apoyar a las familias en riesgo de desahucio

A través de este convenio, ambas partes se comprometen a impulsar dicho programa como el principal cauce de actuación e instrumento preferente de intervención de todas las medidas que tengan como finalidad prevenir las situaciones de exclusión social motivadas por la insolvencia hipotecaria que afecta a la vivienda habitual.

Con las medidas contempladas en el convenio, se avanza en el cumplimiento de los acuerdos tomados por las Cortes que en su Pleno del 7 y 8 de mayo otorgó el respaldo de todos los grupos al programa, al tiempo que instaban a la Junta de Castilla y León a adoptar una serie de medidas complementarias entre las que se encuentran las recogidas en este convenio.

Dichas medidas avanzan en dos direcciones principales: por un lado por el alquiler social y por el otro en la homogenización de procedimientos y tiempos de respuesta de cuantos participan en el programa con el fin de solucionar los problemas de quienes lo necesitan en el menor tiempo posible.

Por un lado, La FRMP se compromete a promover la adhesión de las distintas entidades locales de Castilla y León al ?Convenio para el Fondo Social de Viviendas? estatal y por otro, se compromete también a promover entre las entidades locales de la Comunidad la constitución de fondos sociales de viviendas propias.

Estos fondos tendrán como finalidad la puesta a disposición de las viviendas en propiedad de las entidades locales a los destinatarios del Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio o a las unidades familiares que, careciendo de cualquier recurso de alojamiento o de posibilidad de acceso al mismo por sus propios medios, se encuentren en una situación de emergencia social derivada de la pérdida de la vivienda que comporte riesgo de exclusión social, siempre que el acceso a un alojamiento temporal constituya un medio para promover su integración social o evitar la exclusión.

El otro aspecto importante recogido en el convenio es el compromiso de homogenizar el procedimiento y los tiempos de respuesta para dar solución, lo más rápidamente posible, a las familias del programa que lo necesiten. Para ello, todas las entidades que trabajan en el programa tendrán a su disposición un informe social específico que tendrá como objetivo valorar, en su caso, el riesgo de exclusión social que pudiera afectar a las familias afectadas. La FRMP, por su parte, se compromete a promover que las entidades locales que constituyen la Red de Servicios Sociales de la Comunidad emitan este informe en el plazo de diez días.

Finalmente, otro de los aspectos importantes es el compromiso de impulsar entre las corporaciones locales la suspensión cautelar de las liquidaciones sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución de vivienda única y habitual, al menos durante los años 2013 y 2014, como aparece recogido en el convenio rubricado hoy.

La FRMP se compromete también a impulsar entre las corporaciones locales que forman parte del programa la prestación de atención directa, información, asesoramiento y apoyo a los ciudadanos en situación de insolvencia hipotecaria, así como la valoración del posible riesgo de exclusión derivado de la situación de sobreendeudamiento y el compromiso de arbitrar mecanismos para garantizar la atención y primera entrevista a las personas derivadas desde el teléfono 012 en un plazo no superior a una semana.

Además, en el convenio se contempla la posibilidad de que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pueda firmar acuerdos puntuales con las diferentes corporaciones locales que ya estén ejecutando medidas en materia de protección a familias en riesgo de desahucios para unificar las actuaciones y los objetivos.

El Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucios está dando unos buenos resultados, como se desprende de los datos de los primeros seis meses de funcionamiento. Así, en las 30 oficinas locales, más en los servicios centrales de la Gerencia de Servicios Sociales, donde trabajan 76 profesionales, han sido atendidas 843 personas. De los 355 casos concluidos, 323 han sido resueltos, 273 de ellos sin necesidad de interlocución con entidades bancarias y otros 50 con ella.