La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho balance en las Cortes de Castilla y León de los seis primeros años de aplicación de la Ley de Dependencia, y reclama una revisión del modelo de financiación de la Ley y una simplificación de los trámites. Es, a su juicio, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo e invita al PSOE a sumarse a estas propuestas, en lugar de presentar una proposición de ley de Dependencia sin dotación presupuestaria y que pondría ?en riesgo? los logros alcanzados.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha realizado este martes 26, en la Comisión de Familia de las Cortes, un balance de los primeros seis años de aplicación de la Ley de Dependencia. Seis años en los que Castilla y León ha dado, según la consejera, ?respuestas ágiles? a los cambios normativos nacionales y a las ?importantes deficiencias?, con las que nació la Ley, y que no fueron superadas hasta 2011.
Asimismo, se ha dotado de nuevos instrumentos para agilizar la tramitación de los expedientes, ha adaptado y ampliado los recursos, ha apostado por los servicios de calidad, frente a las prestaciones económicas y un modelo de subsidios, y ha dado amplia participación al Diálogo Social y al sector de los Servicios Sociales.
Todo ello ha permitido a Castilla y León situarse, según los expertos, siempre a la cabeza de España en el desarrollo y aplicación de la Ley. Sin embargo, la consejera no se conforma con ese óptimo resultado y ha reivindicado que la Dependencia se incorpore al modelo de financiación del Estado, del mismo modo que la Educación o la Sanidad, y que no siga supeditada a las decisiones políticas o presupuestarias del momento.
?Estabilizar la financiación? es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo. ?Sin garantía financiera no hay derecho por muchas leyes en que lo escribamos?, ha añadido Marcos, al mismo tiempo que ha recordado que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones de euros.