La Diputación recibe de la Junta 3,2 millones para gestión social, gasto corriente y los municipios sorianos

El presidente de la Diputación, Antonio Pardo, ha asistido este miércolesdía 28, en Valladolid, a la firma de este acuerdo, que se realiza entre el Gobierno regional y las nueve diputaciones de Castilla y León. La cantidad reservada a la institución provincial de Soria se distribuye en tres partidas.

La primera es la gestión de centros sociales (discapacidad y salud mental), que dependen de la Institucion Provincial con 710.854 euros. La segunda es el fondo especial para sufragar el gasto corriente de la Diputación de Soria, que se distribuirá con arreglo a los criterios de la línea territorializada del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local. Una partida en la que también se incluye el sostenimiento de las oficinas de asistencia a municipios, o la actualización de las encuestas de infraestructura y equipamiento local.

El reparto de los fondos para las diputaciones se ha establecido en función de la población que tiene cada provincia en municipios de menos de 20.000 habitantes. La partida en este apartado será de 1,1 millón de euros.

Las diputaciones colaborarán en la gestión de las ayudas del fondo incondicionado para los municipios menores o iguales de 20.000 habitantes, que recogía el acuerdo básico entre la Junta, el PP y el PSOE. Sin embargo, la Junta se reserva la definición de los criterios de distribución y las cuantías correspondientes a cada municipio. Esta partida, que se transferirá antes del 31 de mayo de 2013, destinará a los municipios de menos de 20.000 habitantes la provincia de Soria, 1,4 millones.

Así lo recoge el protocolo sobre ordenación, servicios y gobierno del territorio, rubricado por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez; el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Miguel Ángel García Nieto, y los nueve presidentes de las diputaciones provinciales, entre ellos el presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo Capilla. Este convenio, que regula la cooperación económica e institucional, se enmarca en el acuerdo suscrito entre la Junta, el Partido Popular y el PSOE en materia de ordenación, servicios y gobierno del territorio.

Por su parte, las diputaciones se han comprometido a participar en el proyecto de reglamento de la ley de ordenación del territorio, que regulará la asunción de la cartera común de competencias de las mancomunidades de interés general, que se presenta como asociación voluntaria de municipios, y que coincida con las unidades básicas de ordenación. Este reglamento definirá las competencias mínimas que asumirán al constituirse y los plazos de asunción del resto.

También las diputaciones han aceptado participar en la concreción de aquellos servicios locales que se prestan de forma mancomunada, y que puedan determinar que una mancomunidad actual sea singular, como por ejemplo las de aguas. El nuevo modelo de ordenación de la Junta prevé la posibilidad de hacer coexistir las nuevas mancomunidades de interés general con aquellas que tengan carácter singular.

A su vez, las diputaciones estudiarán la asociación con las mancomunidades de interés general, y excepcionalmente con determinados municipios, para conseguir una mayor eficacia en la prestación de determinadas competencias. Para ello, la opción que se plantea es la constitución de consorcios provinciales de servicios generales, presididos por estas administraciones.