La Junta adjudica contratos por 73 millones con medidas para favorecer el empleo de los colectivos más vulnerables

El acuerdo, que vincula a todos los órganos de contratación de la Administración autonómica, responde a un compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y marca como reto dar un giro a buena parte de los contratos que adjudica el Gobierno de Castilla y León para favorecer, de esta forma, a las personas con más dificultades de empleabilidad. Y hacerlo a través de dos actuaciones fundamentales: la reserva por primera vez de contratos destinados a Centros Especiales de Empleo y la incorporación de cláusulas sociales en la contratación general.

Ambas medidas tratan de inculcar una perspectiva social en la contratación de la Administración Autonómica, algo que tras este tiempo transcurrido, parece haberse conseguido ya que la incorporación de cláusulas sociales en la contratación general ha sido muy satisfactoria, hasta el extremo de estar prácticamente generalizada en la Administración de Castilla y León.

El compromiso de la Junta de Castilla y León es reservar el 6,5% del importe total de los contratos de la Administración Autonómica para los Centros Especiales de Empleo, con un catálogo de actividades como limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, entre otras. Entre enero y mayo de este año, el porcentaje de contratos realizados por la Administración Autonómica con los Centros Especiales de Empleo supera el 8,7 %, superando así el compromiso recogido en el Acuerdo.

Desde su puesta en funcionamiento, en septiembre del pasado año, hasta el 15 de mayo de 2013, se han adjudicado contratos a los Centros Especiales de Empleo por importe de casi 3,2 millones de euros, siendo las actividades laborales, de lavandería y planchado, y limpieza, las que acaparan más del 90 % de la contratación.

Esta apuesta de la Junta de Castilla y León no sólo contribuye a crear o mantener empleo entre el colectivo de personas con discapacidad, sino que supone beneficios sociales, laborales y económicos. En la actualidad, Castilla y León cuenta con 190 Centros Especiales de Empleo, repartidos en 221 centros de trabajo y dan ocupación en su conjunto a 3.902 personas.

CLÁUSULAS SOCIALES

El objetivo del acuerdo es, sin embargo, más amplio. Se trata de impulsar en las empresas una visión más social y, para ello, la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, se establece en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones especiales. Entre ellas, que la plantilla esté formada por un porcentaje de personas en situación de exclusión social en grave riesgo de estarlo, de desempleados, o que presenten importantes dificultades de empleabilidad.

También valora que la plantilla cuente por personas con discapacidad, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, jóvenes de entre 16 y 30 años que provengan de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que estén en proceso de rehabilitación y reinserción social, o parados de larga duración que hayan cumplido ya los 45 años.