La Junta adopta medidas de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, firma un acuerdo con los integrantes del Consejo del Diálogo Social, cuyo principal objetivo es flexibilizar los criterios de acceso y agilizar la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, así como crear una ayuda extraordinaria para apoyar a las familias sobreendeudadas.

En su compromiso con la necesidad de dar una respuesta urgente a las nuevas demandas sociales, y para evitar que los grupos de población más vulnerables caigan en la exclusión, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha firmado esta mañana un acuerdo con los representantes de Cecale, CC.OO. y UGT, en el marco del Consejo del Diálogo Social, centrado en dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la flexibilización de los criterios de acceso y la agilización de la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Y por otro, crear una ayuda extraordinaria para apoyar a las familias sobreendeudadas, con todos los miembros en situación de desempleo y que no pueden hacer frente al pago de su vivienda.

En lo relativo a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía se han consensuado las siguientes medidas:

- Para los residentes extranjeros, los demandantes de mejora de empleo o las mujeres víctimas de violencia de género, flexibilizar los requisitos y la documentación a aportar para facilitar el acceso a la prestación.

- Para las familias que se encuentran en situación de riesgo de impago de las cuotas del préstamo hipotecario, mejorar el procedimiento agilizando los trámites.

- Para las personas afectadas por las preferentes, con bienes declarados en ruina o tierras cuyo valor catastral sea inferior a 6.000 euros excluir del cómputo patrimonial esos bienes de imposible venta con los que no se puede hacer frente a la situación.

- Para las personas con posibilidades de empleabilidad, intensificar las actuaciones de orientación laboral y formación para el empleo.

- Para garantizar un seguimiento más exhaustivo, crear una comisión delegada de la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

- Incrementar el presupuesto en consonancia con el incremento del número de familias solicitantes.

Estas medidas, acordadas en el seno de la Mesa de Diálogo Social, supondrán un incremento presupuestario de un 30 % en el año 2013, y un 65 % más en 2014, además de medidas de apoyo a las familias en riesgo de desahucio con todos sus miembros en paro.

Ayuda extraordinaria para el pago de hipotecas

Por otro lado, se establece una ayuda extraordinaria para prevenir el riesgo de impago de las cuotas del préstamo hipotecario de las personas o familias que no cuentan con ningún recurso por tener a todos sus miembros en situación de desempleo.

Estas ayudas económicas de carácter finalista, extraordinarias y compatibles con cualquier otro recurso, ingreso o prestación, van dirigidas a atender de forma temporal la cobertura del pago de la cuota hipotecaria de manera que la cuantía libre de que disponen las familias sea suficiente para atender sus necesidades básicas de subsistencia, financiación de los gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario, puesta al día respecto a cuotas vencidas, levantamiento de embargos de pequeña cuantía anotados como cargas registrales que impidan la novación del préstamo hipotecario.

La gestión directa de estas ayudas se llevará a cabo por las entidades locales titulares de Servicios Sociales y la cuantía de la prestación se ajustará a las necesidades de la familia y a su situación particular, estando limitada a 0,5 veces el IPREM anual (3.195 euros para 2013) y estarán sujetas al presupuesto establecido en este acuerdo para esta medida extraordinaria.

De la misma forma, tendrá consideración de situación de necesidad singular y específica, a los efectos del reconocimiento prioritario de la prestación esencial destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, la de aquellas unidades familiares que se encuentren en riesgo de desahucio de su vivienda habitual en régimen de arrendamiento. Serán beneficiarios de la misma aquellas familias o personas que no puedan satisfacer las cuotas de alquiler y carezcan de medios para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia.

Medidas de inserción laboral

El esfuerzo de protección a las familias afectadas por la crisis desarrollado en nuestra Comunidad, en estos últimos meses, se ha centrado en prestaciones y programas esenciales para las personas. Programas como: la Renta Garantizada de Ciudadanía, con la que se ha apoyado, desde enero de 2011, a unas 10.000 familias cada uno de estos años, con un presupuesto creciente, que suma en estas tres anualidades 91,5 millones de euros; las ayudas económicas de urgente necesidad, el Programa personal de integración y empleo (PIE), la aprobación de directrices vinculantes a los órganos de contratación para la incorporación de clausulas sociales en la contratación pública (5 millones de euros en los últimos cuatro meses de 2012), el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en riesgo de desahucio (1.127 familias atendidas hasta julio de 2013), el protocolo de colaboración para la coordinación en la distribución de alimentos o la creación del Fondo de Solidaridad, entre otras medidas.

A esto hay que añadir el Plan de Empleo que se pondrá en marcha con las Corporaciones Locales y el Tercer Sector, dirigido a la contratación de personas en exclusión social, fundamentalmente perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, con el fin de integrar a más de 2.000 en el mercado laboral, al ser esta la mejor manera de salir de la exclusión. Además, el Plan permitirá a esas personas mejorar su formación y adquirir una mayor cualificación profesional, favoreciendo así sus posibilidades futuras de empleabilidad.

Compromiso y financiación

Este avance social, que supondrá en su conjunto una inyección económica de 44 millones de euros para 2013 y 2014, se ha hecho con el consenso de los representantes de la Mesa de Diálogo Social, que gracias a su vinculación y compromiso con las personas y con los programas sociales en esta comunidad, han colaborado activamente en la construcción de la estructura de los servicios sociales y participado en el desarrollo de los proyectos más emblemáticos como: la Ley de Servicios Sociales, la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la Renta Garantizada de Ciudadanía, la reforma de la Atención a la Dependencia o la Prestación Económica de Urgencia Social.