La Junta aprueba el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio

El proyecto de ley aprobado consta de cinco títulos -la ordenación del territorio; los servicios en el territorio; la gobernanza local; las mancomunidades de interés general, y la fusión de municipios- que se desarrollan en sesenta y tres artículos y se acompañan de nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y quince disposiciones finales. En sus páginas se encuentran detalladas la definición de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, así como las características que han de reunir las futuras mancomunidades de interés general. En una fase posterior, que también se caracterizará por su alto grado de participación, se desarrollará el mapa de dichas unidades básicas que se recogerá en un decreto.

UNIDAD BÁSICA DE ORDENACIÓN Y SERVICIOS EN EL TERRITORIO

La ordenación del territorio parte de la creación de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que podrán ser rurales y urbanas. Las de carácter rural agruparán a los municipios menores de 20.000 habitantes, con continuidad geográfica, deberán tener como mínimo 5.000 habitantes y 30.000 como máximo, o bien, en función de la densidad, cuando esta sea menor a 15 habitantes por kilómetro cuadrado y como mínimo agrupe a 5 municipios. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas se corresponderán con los municipios de más de 20.000 habitantes.

El mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio se elaborará con la participación de las diputaciones provinciales, los municipios y los ciudadanos a través de un proceso de información pública. Finalmente, el mapa definitivo será recogido en un decreto de la Junta de Castilla y León. A partir de entonces, se delimitarán las áreas funcionales, que podrán ser estables, con carácter permanente, y dirigidas a impulsar una planificación conjunta de los grandes municipios y su entorno o alfoz; o estratégicas, con una fuerte vocación de dinamización del medio rural de la Comunidad, que tendrán una duración determinada y se extinguirán una vez alcanzados sus objetivos.

Las unidades básicas de ordenación serán la base para la planificación, programación, gestión y prestación de los servicios autonómicos. Así, la normativa sectorial correspondiente deberá determinar el mínimo y el máximo de unidades que se tomarán como referencia para la prestación de cada servicio. El proyecto de ley establece específicamente la escala para la prestación de determinados servicios en el medio rural: cada zona básica de salud deberá coincidir con una unidad básica de ordenación y servicios en el territorio; cada zona de acción social deberá coincidir con un mínimo de una unidad básica de ordenación y servicios y un máximo de tres; para la prestación de la educación obligatoria cada zona educativa deberá comprender como mínimo una unidad básica y un máximo de cinco y para salud pública cada demarcación deberá comprender un mínimo de dos unidades y un máximo de seis.

Para la prestación de los servicios autonómicos en el ámbito urbano se respetará la organización existente, manteniéndose las diferentes divisiones territoriales que prevé cada normativa sectorial. El proyecto de ley establece un plazo máximo de tres años desde la elaboración del mapa para que la normativa sectorial se adapte a él.

MANCOMUNIDADES DE INTERÉS GENERAL

La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios de las corporaciones locales a los ciudadanos es otra de las finalidades que persigue el anteproyecto. Para ello se desarrolla la figura de las mancomunidades de interés general, que podrán constituirse por asociación voluntaria de municipios y deberán coincidir sustancialmente con las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio. Estas mancomunidades no supondrán la creación de nuevas estructuras administrativas, pues una de las finalidades del Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio es mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Las mancomunidades de interés general rurales se podrán formar por la asociación voluntaria de municipios de población igual o inferior a 20.000 habitantes, con continuidad geográfica, siempre y cuando se manifiesten favorablemente a la asociación la mayoría de los ayuntamientos que aglutinen más del 50 % de la población de la unidad básica; o bien cuando sin reunir esa mayoría los ayuntamientos que se asocien aglutinen el 70 % de la población de la unidad básica. Las mancomunidades de interés general rural tendrán una cartera de servicios común y homogénea de competencias y funciones, que se desarrollará reglamentariamente.

Las mancomunidades de interés general urbanas surgen de la asociación voluntaria entre los municipios con población superior a 20.000 habitantes con los de su entorno o alfoz. Podrán constituirse por todos o algunos de los municipios pertenecientes al área funcional estable. Las áreas funcionales estables están formadas por el municipio de más de 20.000 habitantes y los municipios colindantes inmediatos, y por los colindantes de estos últimos que estén a una distancia máxima de 15 kilómetros del municipio de mayor población. Cuando haya más de dos municipios con población superior a 20.000 habitantes que sean colindantes formarán parte de la misma área funcional estable. Para la constitución de estas mancomunidades se requerirá siempre la voluntad del municipio de mayor población y un tercio de los municipios del área funcional estable, o bien los municipios que representen a un tercio de la población.

El proyecto de ley se refiere también a las diputaciones provinciales, ampliando su ámbito competencial en relación con el apoyo que deben prestar a las mancomunidades de interés general rural, modernizando sus funciones y competencias, potenciando la coordinación y colaboración con la Junta de Castilla y León en el marco de las Comisiones Provinciales de Coordinación de Políticas Públicas en el Territorio. Se incluye una serie de previsiones relativas a la fusión de municipios para adaptar estos procesos a la existencia de las mancomunidades de interés general, reforzando así los mecanismos de fomento de las fusiones voluntarias de municipios, ya previstos en la legislación anterior.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO

Desde los inicios de la legislatura, en julio de 2011, hasta la aprobación del proyecto de ley el equipo de la Consejería de la Presidencia ha mantenido más de 190 reuniones para explicar el modelo de ordenación del territorio con los tres grupos parlamentarios representados en las Cortes de Castilla y León; los agentes económicos y sociales y las organizaciones agrarias profesionales; la Federación Regional de Municipios y Provincias; alcaldes y concejales de los 2.248 municipios de la Comunidad; los presidentes de las nueve diputaciones provinciales; el Consejo Comarcal de El Bierzo; los grupos de acción local; la federación de agentes de desarrollo rural; la federación regional de colegios de secretarios, interventores y tesoreros de Castilla y León, y las federaciones de entidades locales menores.

Los primeros contactos se iniciaron en agosto y septiembre de 2011 con reuniones del consejero de la Presidencia con los presidentes de las diputaciones provinciales y la Federación Regional de Municipios y Provincias. El 5 de octubre de 2011 se constituyó la primera Mesa de Ordenación del Territorio formada por los tres grupos parlamentarios de las Cortes, los agentes económicos y sociales, la FRMP, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos en sus diferentes perfiles poblaciones, y a la que posteriormente se sumaron las organizaciones profesionales agrarias. En esta primera Mesa de Ordenación se constituyeron dos grupos de trabajo formados por el equipo de la Consejería de la Presidencia y con la misma composición: uno dedicado a las diputaciones provinciales y otro con municipios de menos de 20.000 habitantes, que en total han mantenido 15 reuniones por todo el territorio. Además el equipo de la Consejería ha realizado 25 visitas de proximidad donde informaron a más de 700 alcaldes, la mayor parte con una población inferior a mil habitantes.

A su vez, los delegados territoriales han recorrido cada una de sus provincias hasta mantener más de 80 reuniones con el fin de explicar detalladamente el modelo de ordenación y solventar las dudas ocasionadas a los ediles de los municipios de la Comunidad.

En julio de 2012, el apartado de Gobierno Abierto de la web de la Junta de Castilla y León sometió voluntariamente a consulta y estudio de la ciudadanía, durante dos meses, la propuesta de distribución de materias, competencias y funciones de las corporaciones locales que resultarían del nuevo modelo de ordenación del territorio. En total se recibieron 780 alegaciones que fueron contestadas y que aportaron sugerencias al proceso del modelo de ordenación.

Hasta la actualidad, se han celebrado durante este proceso de pedagogía cinco reuniones de la Mesa de Ordenación del Territorio donde el consejero de la Presidencia ha explicado la propuesta de ordenación y los objetivos del modelo paso a paso según se ha ido elaborando el proyecto de ley. La última Mesa se celebró el pasado 21 de diciembre, seis días antes de la presentación el 27 de diciembre de 2012 del anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en Consejo de Gobierno.

El 10 de octubre de 2012 el presidente de la Junta de Castilla y León suscribió un acuerdo político básico en materia de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio con el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León. El consejero de la Presidencia también firmó sendos protocolos de colaboración con la FRMP y las diputaciones provinciales, y con los municipios de más de 20.000 habitantes.

El nuevo modelo también ha sido sometido a la participación ciudadana. Recibió 35 alegaciones correspondientes a entidades locales, 4 de agentes sociales y partidos políticos, y 16 alegaciones externas de ciudadanos en las que se enmarcan las 13 aportaciones en el portal de Gobierno Abierto de la web de la Junta. De igual forma, el consejero sometió el texto del anteproyecto de ley al Consejo de Cooperación Local, integrado por representantes de cada una de las consejerías del Gobierno autonómico, representantes de entidades locales, así como al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo de Castilla y León.

En paralelo con la concreción del nuevo modelo, y durante todo este proceso abierto, tanto el consejero como el equipo de la Consejería de la Presidencia han mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para constatar que el modelo de la Junta de Castilla y León era, en todo momento, compatible con la futura modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que prepara el Gobierno de España.

Finalmente, una vez conocido el informe del texto estatal como anteproyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno de la Nación, la Consejería de la Presidencia ha enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un amplio informe reivindicativo sobre sus contenidos. También ha solicitado la convocatoria de la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, para que todas las administraciones afectadas puedan expresar sus opiniones, sugerencias y alegaciones respectivas a la reforma impulsada por el Ejecutivo nacional.