La Junta continúa en Ólvega las explicaciones sobre la Ley de Ordenación

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López, se ha reunido este viernes, en el Ayuntamiento de Ólvega, con los representantes municipales de 21 ayuntamientos de la zona del Moncayo, para dar a conocer el contenido de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.

Además del Ayuntamiento de Ólvega, han sido convocados los de Ágreda, Castilruiz, Cigudosa, Dévanos, Fuentestrún, Magaña, Matalebreras, San Felices, Trévago, Valdelagua del Cerro, Vozmediano, Beratón, Borobia, Ciria, Cueva de Ágreda, Hinojosa del Campo, Noviercas, Pinilla del Campo, Pozalmuro y Tajahuerce.

Estos municipios, con una superficie de 895,54 kilómetros cuadrados, suman una población de 8.644 habitantes, resultando una densidad de población de 9,65 habitantes por kilómetro cuadrado. El ayuntamiento convocado con mayor número de habitantes en el padrón (2012) es Ólvega, con 3.861, y el de menor, con 17 habitantes, Valdelagua del Cerro.

La provincia de Soria, con una extensión de 10.310,76 kilómetros cuadrados y una población de 94.522 habitantes (Padrón 2012), lo que supone una densidad de población de 9,17 habitantes por kilómetro cuadrado, cuenta con 183 municipios de los que sólo uno, Soria capital, tiene más de 20.000 habitantes, y 56 entidades locales menores.

La celebrada hoy en Ólvega es la tercera de las cinco reuniones planteadas por la Delegación Territorial para explicar el contenido de esta Ley, radicalmente defensora del municipalismo, aprobada en las Cortes de Castilla y León, con el apoyo de los dos grupos políticos mayoritarios, PP y PSOE, el pasado 24 de septiembre, y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 1 de octubre, según la Junta.

Con estas jornadas informativas y de debate por la provincia, el delegado territorial pretende aclarar todas aquellas dudas que se generen y escuchar las necesidades de los ayuntamientos, "que todos los alcaldes y concejales no tengan dudas sobre el carácter municipalista de esta Ley que garantiza los servicios públicos y fortalece los municipios rurales, y tiene como objetivo promover un desarrollo equilibrado y sostenible, aumentar la cohesión económica y social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Los objetivos de la Ley, señalados en su artículo primero del Título Preliminar, son:

- Delimitar los espacios funcionales para efectuar la ordenación territorial, en el ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

-Planificar y programar los servicios autonómicos, de acuerdo con el modelo territorial, en el ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

-Potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo voluntario, así como fomentar la solidaridad de la comunidad municipal, en el ejercicio de las competencias exclusivas y de desarrollo normativo y de ejecución de la Comunidad Autónoma.

Manuel López ha resaltado que esta nueva Ley, además de modernizar las funciones que desempeñan las diputaciones provinciales, fortalece los municipios rurales y promueve la colaboración entre las entidades locales menores y los municipios a los que pertenecen; avanza en la simplificación de la gestión y clarifica los ámbitos competenciales, de manera que evita duplicidades; y principalmente, que con los mismos recursos se puede mejorar y garantizar la calidad de los servicios que presta la Junta a los ciudadanos, especialmente a los que viven en el mundo rural, buscando reforzar y fortalecer a los municipios a través de la asociación voluntaria.

En este momento, la Delegación Territorial está trabajando con la Consejería de la Presidencia en la zonificación de las unidades básicas de ordenación y servicios. Tras escuchar a la Diputación Provincial y dar audiencia a los municipios, se elaborará una propuesta inicial de mapa con el conjunto de municipios que integrará cada unidad básica. La consejería publicará la propuesta en el Boletín Oficial de Castilla y León y la someterá a información pública durante el plazo de un mes. Por último, y tras analizar las alegaciones presentadas, formulará una propuesta definitiva del mapa. La adaptación progresiva de los servicios rurales al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio se realizará en un plazo de tres años.