La Junta crea un tablón de anuncios electrónico para facilitar el acceso a las notificaciones fiscales y ahorrar costes
El procedimiento habitual que utiliza la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda para comunicarse con las personas a las que afecta algún expediente administrativo es el correo postal, dirigido a su domicilio habitual. Cuando la entrega de una notificación fiscal por este medio no es posible, la Administración Tributaria publica un anuncio en los boletines oficiales para garantizar su difusión, y con ello permitir a los interesados que ejerzan sus derechos.
El hecho de que en la comunidad autónoma existan nueve boletines oficiales de carácter provincial, a los que hay que sumar uno de ámbito autonómico -el BOCYL- y otro nacional -el BOE-, dificulta que la población pueda seguirlos con asiduidad. De ahí que, conscientes de esta realidad y aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías, determinados departamentos del Estado hayan regulado un sistema alternativo que consiste en la publicación de los anuncios en la sede electrónica de los órganos administrativos. Así lo hacen ya la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Seguridad Social y la Dirección General de Tráfico.
La Consejería de Hacienda ha adaptado esta solución a la Junta mediante el decreto que ha recibido luz verde esta mañana. La previsión es que la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica comience a publicar en el tablón electrónico el 1 de julio de 2013. Para ello sólo resta desarrollar mediante una orden el procedimiento administrativo que lo hará posible, así como regular el fichero donde se archivarán las notificaciones con todos los requisitos de seguridad.
TODOS LOS ANUNCIOS, EN UNA ÚNICA WEB
La sustitución de los boletines oficiales por la notificación a través del tablón electrónico no sólo facilitará su consulta a los ciudadanos, sino que conllevará ventajas añadidas para ellos como la posibilidad de acceder a todos los anuncios tributarios autonómicos en una sola web. Junto a esto, podrán obtener certificados de la fecha y hora de la publicación, lo que supone una garantía de cara al cómputo de los plazos de recursos y reclamaciones. Y tendrán asegurada la confidencialidad de su información, ya que la herramienta está sujeta a la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal.
Para la Junta la implantación del sistema supone un ahorro de recursos y una mejora en la eficiencia de los procedimientos tributarios, ya que se sustituye la remisión de los anuncios a los diferentes boletines oficiales de la comunidad por un único envío centralizado, además de homogenizar su formato, establecer una periodicidad de publicación igual para todos ellos y evitar los trámites en papel.
IMPULSO A LA TELETRAMITACIÓN DESDE LA SEDE EN INTERNET
Conviene recordar que el impulso a la teletramitación es una de las prioridades del Gobierno autonómico, que desde su sede electrónica (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) permite gestionar alrededor de un millar de procedimientos administrativos, 91 de ellos de forma completa y el resto en una o varias de sus fases. Para acceder a las 940 gestiones y servicios más comunes basta con disponer de firma digital o DNI-e, imprescindibles para acreditar la identidad de los usuarios.
El deseo de la Junta de atender mejor a ciudadanos y empresas, contener costes, incrementar la eficacia del servicio público y avanzar en transparencia recibió un gran impulso el pasado 12 de febrero, con la aprobación del Decreto de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Esta norma proporcionó la cobertura legal necesaria para que, de forma prácticamente automática, cualquier procedimiento administrativo en papel pueda convertirse en telemático mediante la utilización de una herramienta informática bautizada como ?tramitador de expedientes?.
Paralelamente, reguló todas las herramientas que intervienen en la tramitación de un procedimiento por Internet, desde su inicio hasta su finalización. Es decir, estableció las características del registro electrónico, el tablón de anuncios electrónico y las notificaciones oficiales. Por otra parte, determinó las condiciones de validez y eficacia de los expedientes y documentos digitales que emite el Gobierno autonómico; fijó la obligatoriedad de conservarlos en el Depósito de Originales Electrónicos de la Administración, y reconoció el derecho a obtener copias cuando se es parte interesada.
La última gran novedad es que dio un periodo transitorio para que todas las unidades y departamentos del Gobierno de Castilla y León, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado se relacionen entre sí por medios electrónicos. En concreto, desde el 31 de marzo de 2014 se suprimirá el papel en las comunicaciones internas de la Junta, en coherencia con la apuesta del Ejecutivo por la eficiencia y la austeridad en el gasto.