La Junta informa a Soria, Almazán y El Burgo de la nueva Inspección de Construcciones
Esta reglamentación establece que los municipios de más de 20.000 habitantes tendrán que realizar una evaluación periódica obligatoria de las construcciones a partir de los 40 años de la terminación de las obras. En las localidades con población superior a 5.000 habitantes o que cuenten con Plan General de Ordenación Urbana, la obligación se limita a los edificios de uso residencial (bloques de pisos).
El director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel Marinero, y el delegado territorial de la Junta, Manuel López, se han reunido este mañana con representantes y técnicos de los ayuntamientos de Soria, Almazán y El Burgo de Osma para informarles sobre la nueva normativa de Inspección Técnica de Construcciones (ITC), que entró en vigor el 13 de abril. En la reunión, celebrada en la Delegación Territorial de Soria, han participado también representantes del Instituto de la Construcción de Castilla y León, que han explicado las líneas fundamentales de la norma y la forma de aplicación.
La ITC es una herramienta nueva que permitirá adaptar y mejorar más de 70.000 edificaciones en la Comunidad. En el caso de la provincia de Soria, la aplicación de la reglamentación afectará a los municipios de Soria, Almazán y El Burgo de Osma.
Ángel Marinero ha señalado, durante el encuentro de trabajo celebrado en Soria, que además de informar a los representantes de urbanismo de los ayuntamientos, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantiene reuniones con los colegios profesionales y con los administradores de fincas, ?activos importantes para el cumplimiento de esta normativa, ya que están realmente interesados en la prevención?.
La ITC, según ha destacado el director general, se trata de una ?medida de prevención?. ?Hacer una revisión a tiempo de los edificios, un ?chequeo?, supone un gran ahorro para los propietarios, porque permite la solución de los problemas a tiempo?, ha explicado Ángel Marinero.
Reglamento de Urbanismo
La base de esta norma radica en el Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, el pasado 7 de marzo, que modifica el Reglamento de Urbanismo en la parte referida a la inspección de edificios y lo adapta al marco legal actual definido por la Ley de Vivienda de Castilla y León y la normativa básica nacional.
Este Decreto establece la obligación de promover la inspección a los propietarios. En los inmuebles en régimen de propiedad horizontal o complejo inmobiliario privado, la obligación recae en la comunidad de propietarios. La evaluación debe ser realizada por técnicos que sean competentes para proyectar o dirigir las obras de cada construcción. Una vez realizada la inspección, el técnico emitirá un certificado con la siguiente información: análisis del estado de conservación de la construcción, indicando las deficiencias y desperfectos observados; las obras, trabajos de conservación y demás medidas que sean precisas para mantener o reponer las condiciones exigibles, incluyendo un calendario de plazos para su ejecución; y las obras de carácter urgente, detalladas con su justificación y su propio plazo.
La nueva normativa obliga a los propietarios a presentar, en el plazo de un mes, el certificado de inspección y el informe en el ayuntamiento. Cuando el técnico detecte la existencia de deficiencias que comporten riesgo para las personas, deberá comunicarlo de forma inmediata a los propietarios y al ayuntamiento, explicando en un informe las medidas de seguridad necesarias.