La aprobación de un decreto de la Junta, el pasado 14 de noviembre, por el que modifica el Proyecto Regional de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA), es para el grupo ecologista ASDEN una prueba más del "deterioro y descrédito de las administraciones públicas", y que vuelve a evidenciar las irregulares con las que el Gobierno regional se empeñó en impulsar un proyecto del que, ahora, no se sabe cuál será su futuro.
Para ASDEN, según considera en una nota de prensa, la aprobación de este decreto, pendiente de su publicación en el BOCyL, "y la 'legalización' de las ilegalidades realizadas en la CMA, incrementa el descrédito de las instituciones públicas, aumenta la desafección de la ciudadanía respecto al estado de derecho, y echa por tierra el pilar básico que sostiene nuestra democracia: el sometimiento a la Ley de los ciudadanos, de las empresas y de las propias administraciones".
Según ASDEN, en este caso, la Junta de Castilla y León, "y la mayoría absoluta del PP, utiliza las diversas herramientas jurídicas que tiene a su alcance, para socavar el ordenamiento jurídico, en favor de un proyecto urbanístico y de sus intereses políticos partidistas".
En tanto no se haga público este último decreto sobre la modificación del proyecto de la CMA, para valorar su contenido, ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria insiste en que lleva tiempo advirtiendo y denunciando, "el tortuoso y esperpéntico procedimiento político, administrativo, judicial y jurídico que ha seguido la Ciudad del Medio Ambiente, en su aprobación y ejecución".
ASDEN afirma que, "a fecha de hoy y en términos jurídicos, nos encontramos con que se ha construido un edificio ilegal (Cúpula de la Energía), porque la licencia de obras nos es conforme a derecho; y que la Junta tiene la obligación de cumplir estrictamente el fallo judicial, y con una serie de incertidumbres pendientes, al respecto del futuro de la CMA, derivado de próximas sentencias judiciales, de la realidad económica y financiera que la hacen inviable y absurdo realizar una urbanización y unos edificios públicos innecesarios sin función conocida".
Para los ecologistas, en este contexto, la aprobación de este decreto anunciado por la propia Junta, puede significar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia relativa a la Cúpula de la Energía, "es de gran calado jurídico, y que no se resuelve mediante una simple resolución del Ayuntamiento de Garray, con la concesión de una nueva licencia de obras, tal y como han anunciado durante estos meses la Junta de Castilla y León y el propio ayuntamiento de Garray".
También puede significar que las "pequeñas variaciones del proyecto", que reconocía la sentencia del Tribunal de, relativa a la demanda interpuesta por Centaurea por cuestiones urbanísticas, "no eran simples variaciones por cuanto su regularización y legalización requiere finalmente de un instrumento jurídico tan complejo e importante como es un decreto", insiste ASDEN.
ASDEN lamenta que la Junta de Castilla y León "de más importancia y dedique más recursos económicos y personales a legalizar un proyecto urbanístico, que a solucionar las verdaderas prioridades de los ciudadanos".